La noticia sacudió de lleno a la Argentina y a la comunidad latina en Miami: la nieta de Cris Morena perdió la vida en un accidente náutico, que dejó además a otra niña muerta y a dos menores internadas en estado crítico. Todas participaban de un campamento de verano del Miami Yacht Club. Era el cierre de una semana que prometía diversión y aprendizaje, pero terminó en tragedia.
El velero en el que viajaban cinco chicas de entre 7 y 13 años, junto a una joven instructora, fue embestido por una barcaza de grandes dimensiones, que cargaba una grúa y pilotes. Ocurrió en Miami, frente a la isla Hibiscus, en la bahía de Biscayne, una zona de aguas tranquilas, muy transitada por embarcaciones recreativas y rodeada de lujosas residencias. Tras el impacto, el velero quedó completamente sumergido. Los rescatistas lograron sacar a todas las personas del agua, pero las dos niñas fueron declaradas muertas al llegar al hospital.
Más allá del dolor, la tragedia abrió interrogantes difíciles de esquivar: ¿Quién estaba al mando de la barcaza? ¿Por qué no vieron el velero? ¿Había alguien haciendo de vigía? Las autoridades prometieron respuestas, pero el caso ya genera fuertes tensiones por sus posibles similitudes con otros accidentes que, en su momento, quedaron impunes.
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@bycrismorena
El antecedente de Lucy Fernández y la reciente “Ley Lucy”
En el sur de Florida, nadie olvida lo que pasó con Lucy Fernández. Tenía 17 años, una vida por delante, y murió en septiembre de 2022, cuando el yate en el que celebraba un cumpleaños chocó contra una señal de concreto. El barco iba lleno de chicas del mismo colegio y su compañera, Katy Puig, quedó con daño cerebral permanente.
El hombre que conducía la embarcación, George Pino, un empresario inmobiliario, no fue sometido a un test de alcoholemia la noche del accidente. La investigación fue, según los familiares, un desastre: sin pruebas básicas, sin declaraciones de testigos clave, con conclusiones que tardaron un año en llegar. Al principio solo lo acusaron de tres faltas menores, cada una con una pena máxima de 60 días de cárcel y una multa de 500 dólares. Recién después de una investigación periodística y el testimonio de un bombero que lo vio en estado de ebriedad, la causa se reabrió y se lo acusó formalmente de homicidio involuntario.
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Pero algo cambió. En medio del dolor, la familia de Lucy decidió que su historia no podía terminar ahí. Se unieron con otros padres que pasaron por tragedias similares y empezaron una cruzada para modificar la ley en Florida. Así nació la Ley Lucy.
Esta norma, que entró en vigencia el 1° de julio de este año, transformó en delito grave (felonía), lo que antes era solo una infracción menor: manejar una embarcación de forma imprudente y causar heridas graves o la muerte. Antes, esas situaciones se trataban casi como accidentes de tránsito sin consecuencias reales. Ahora, quien actúe con negligencia en el agua puede enfrentar varios años de prisión.
“La Ley Lucy nos devuelve algo de paz, porque sabemos que puede evitar que otras familias pasen por lo mismo”, dijo Kathya Puig, mamá de Katy, una vez sancionada.
Test de alcoholemia al conductor de la grúa que chocó contra el velero
En el caso de la muerte de la nieta de Cris Morena, el capitán de la barcaza fue sometido a un test de alcoholemia. Incluyó análisis de sangre y fue realizado por la Guardia Costera como parte de la investigación penal. Todavía no se conocen los resultados, pero el hecho de que se haya hecho ese examen marca un contraste con el caso Lucy.
El comandante Frank Florio, a cargo del distrito de Miami, se puso al frente de la investigación y aseguró que el proceso será exhaustivo. Aunque por ahora no hay arrestos, sí se investiga si el operador de la barcaza tenía los permisos adecuados para estar navegando en esa zona y si respetó las normas de seguridad básicas.
¿Podía maniobrar la embarcación? ¿Sabía que en ese sector se realizan actividades con chicos?¿Qué hay de la visibilidad con la que contaba en ese momento? En una zona con tanto tránsito de botes pequeños, no es un detalle menor para los investigadores.
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La Guardia Costera investiga quién tenía derecho al paso
Todo indica que uno de los ejes clave será establecer cuál de las dos embarcaciones tenía prioridad de paso. En términos generales, los veleros tienen preferencia frente a las embarcaciones a motor. Pero hay excepciones. Si una barcaza está remolcando una carga pesada o tiene maniobrabilidad limitada por el tipo de trabajo que realiza, puede considerarse como “restringida” y tener prioridad.
En este caso, la barcaza llevaba una grúa y pilotes. Las imágenes muestran un equipo pesado que probablemente dificultaba cualquier giro brusco o cambio de curso. Pero los abogados especializados advierten que eso no libera al operador de su responsabilidad. Tenía que haber un vigía. Tenía que haber precaución. Y, sobre todo, tenía que evitar acercarse tanto a una embarcación con menores a bordo.
“El barquero tiene que prever lo que puede pasar. Y si está en una zona de campamentos, tiene que estar doblemente atento”, dijo uno de los abogados consultados por medios de Miami. Otro especialista remarcó que, más allá de lo que dictamine la ley marítima, en términos civiles podría considerarse negligencia el no haber frenado o desviado a tiempo. Y eso podría derivar en una demanda millonaria.