En una jornada cargada de gestos más que de anuncios, el Consejo de Mayo volvió a reunirse este lunes en la Casa Rosada con un objetivo central: comenzar el debate en torno a una eventual reforma laboral. La presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, marcó el tono de una reunión que, pese al hermetismo, giró en torno al punto ocho del Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio por el Ejecutivo y 18 gobernadores.
La inclusión de Cordero en el cónclave fue leída como un mensaje político: el oficialismo busca avanzar hacia cambios en el régimen de empleo, aunque por ahora el tratamiento parlamentario se postergará hasta después de las elecciones de octubre. Durante casi dos horas, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT compartieron sus diagnósticos con el funcionario nacional.
“Vamos avanzando punto por punto. Cada reunión es un disparador”, explicó a la salida el diputado Cristian Ritondo, designado como único vocero del encuentro. Consultado por los periodistas, evitó dar detalles sobre lo discutido y adelantó que recién el 11 de diciembre se presentará una “síntesis” con los consensos alcanzados. “No va a haber mucha información, le diría que casi nada, porque la idea es trabajar tranquilos”, señaló.
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Desde temprano comenzaron a llegar los protagonistas a la Casa de Gobierno: la senadora radical Carolina Losada fue una de las primeras en arribar, seguida por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. También se sumaron figuras como el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios más alineados con el Ejecutivo.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada y reunió, además, a integrantes técnicos del Consejo como María Cecilia Domínguez Diacoluca y Agustina García de Cecco. La próxima reunión quedó pautada para el miércoles 20 de agosto, aunque el Gobierno insiste en mantener un bajo perfil hasta tener un paquete cerrado.
La reforma laboral es uno de los ejes prioritarios del oficialismo para la segunda etapa del mandato. El esquema de trabajo elegido, con participación acotada y acuerdos progresivos, busca evitar el desgaste político de una confrontación abierta antes de los comicios. La promesa de una “síntesis” en diciembre deja en claro que, por ahora, el Gobierno avanza sin prisa, pero sin pausa.
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Reforma laboral de Milei: qué busca cambiar y por qué preocupa a los gremios
“Si bien ya hemos hecho avances en materia de legislación laboral, a partir del 11 de diciembre vamos a continuar con la reforma laboral”. Con esa frase, dicha hace diez días en la Bolsa de Comercio, Javier Milei anticipó uno de los ejes de su plan de gobierno para después de las elecciones. Pero ¿en qué consiste esa reforma? ¿Y qué tan cerca está el Ejecutivo de ejecutarla?
Detrás de esa percepción aparece Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y cerebro del DNU 70, que busca reinstalar medidas ya frenadas por la Justicia: limitar cuotas solidarias, eliminar la ultraactividad de convenios y descentralizar negociaciones colectivas.
Sturzenegger, también impulsor del decreto 340 contra el derecho a huelga que fue suspendido por la Justicia laboral, tiene un rol clave en el Consejo, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y figuras como Luis Caputo, Santiago Caputo y Julio Cordero. Según fuentes sindicales, varios funcionarios mantienen contactos informales con gremialistas, lo que alimenta la sospecha de que las reformas buscan más votos que acuerdos.
La CGT apuesta a incidir en las discusiones dentro del Consejo, pero tiene claro que si Milei gana con comodidad en octubre, el sector más radical del Gobierno tomará la delantera. Y entonces, advierten, podría volver a escena un proyecto de reforma laboral más profundo, rápido y con menor vocación de diálogo.
TC/EM