La industria pesquera uruguaya enfrenta una crisis sin precedentes, no por falta de recursos naturales ni por desidia empresarial, sino por una postura sindical que, en su intransigencia, pone en jaque el sustento de miles de familias y el futuro de un sector clave para la economía nacional. Ayer se procesó el último pescado en una de las principales plantas del país, y mañana un grupo llegará a empacarlo. Luego, 120 trabajadores de esta planta, junto con muchos otros en diferentes puntos del país, regresarán a sus hogares sin certeza alguna sobre cuándo volverán a trabajar. Mientras tanto, los barcos permanecen amarrados, las deudas se acumulan y las oportunidades se desvanecen.
El conflicto tiene su origen en una decisión tan insólita como perjudicial: los marineros, respaldados por el sindicato, se niegan a realizar guardias en el puente de mando de los buques mientras los capitanes descansan. Esta medida, que podría parecer un mero capricho, tiene consecuencias devastadoras. La normativa marítima internacional exige que un barco en operación cuente con una guardia constante en el puente, una tarea que los marineros están capacitados para realizar. Sin embargo, su negativa obliga a los capitanes a permanecer despiertos durante jornadas inhumanas, algo insostenible y peligroso. Como resultado, los barcos no salen a faenar, y la pesca, motor económico de varias regiones uruguayas, se paraliza.
Este tipo de irracionalidad no es nueva. Ya lo advertíamos en “La estafa silenciosa del sistema de reparto”, donde también se retrataban los costos de la intransigencia estructural.
El impacto es inmediato y brutal. Las empresas pesqueras, que operan a pérdida durante la baja zafra (de octubre a abril) con la esperanza de recuperarse en los meses de alta producción, ven cómo cada día sin actividad representa un daño irrecuperable. La semana pasada, un cliente internacional canceló un acuerdo para cargar 2,500 toneladas de pescado, un contrato que había requerido semanas de negociaciones para sortear la escasez de contenedores. Este tipo de pérdidas no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores, que ven desvanecerse la posibilidad de nuevos empleos. En la planta afectada, por ejemplo, se estaba instalando una nueva línea de procesamiento que habría generado 40 puestos de trabajo adicionales y se planificaba un segundo turno que emplearía a otras 70 personas. Todo eso está ahora en suspenso, si no directamente perdido.
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El sindicato, en su afán de imponer condiciones que desafían la lógica operativa, parece ignorar el esfuerzo colectivo de miles de trabajadores que dependen de la pesca para subsistir. La intransigencia de unos pocos amenaza con destruir el trabajo de muchos, en un sector que no solo lucha contra las dificultades propias de la actividad, como la estacionalidad y los costos operativos, sino también contra un contexto económico global cada vez más competitivo. La actitud del sindicato no solo atrasa, sino que pone en riesgo la viabilidad misma de la industria pesquera en Uruguay.
En este sentido, hay paralelismos con otras formas de parasitismo institucional, como analizamos en “Del mito al saqueo: la verdad sobre el Estado”.
La solución, según coinciden los empresarios del sector, requiere una intervención urgente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los tiempos del Estado suelen ser lentos, y en la pesca el daño se mide en días. Cada jornada que los barcos permanecen inactivos, se pierden mercados, se acumulan deudas y se erosiona la confianza de los inversores. El país se encuentra en una encrucijada: o se actúa con decisión para garantizar la continuidad de la actividad, o se acepta el colapso de un sector que ha sido pilar de la economía y la identidad de comunidades enteras.
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En los próximos días, se definirá el destino de la pesca uruguaya. Mientras tanto, los empresarios y trabajadores que han dado todo por mantener la industria a flote enfrentan la frustración de ver cómo el esfuerzo colectivo es saboteado por una postura sindical que, lejos de defender derechos, parece empeñada en destruir oportunidades. “Personalmente, tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance”, expresó un empresario del sector, resumiendo el sentir de quienes, a pesar de todo, no bajan los brazos. Pero la pregunta sigue resonando: ¿cómo se puede trabajar así? La respuesta, cada vez más clara, es que no se puede. No es sostenible.Uruguay debe decidir si quiere una industria pesquera o un cementerio de barcos y sueños truncos.
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