Tras los dos fracasos parlamentarios del tratamiento del proyecto de Ficha Limpiapresentado por el PRO, que alcanzó el dictamen en 2024, de cara a las elecciones el presidente Javier Milei presentó su propia versión antes de arribar a Estados Unidos para la asunción de Donald Trump.
La ley de Ficha Limpia establece que los aspirantes a candidaturas con condenas firmes por administración fraudulenta, peculado u otros delitos relacionados con la administración pública no podrán postularse para cargos electivos. Sin embargo, el Ejecutivo nacional avanzó con nuevas modificaciones que podrían restringir aún más el acceso de ex funcionarios y dirigentes que planeaban competir en estas elecciones legislativas.
Las diferencias entre el proyecto del PRO y el de LLA
El proyecto presentado por el PRO, liderado por el espacio político de Mauricio Macri, proponía la inhabilitación de candidatos únicamente cuando existiera una condena firme, es decir, cuando la sentencia alcanzara su última instancia judicial. En contraste, la propuesta de La Libertad Avanza (LLA) establece que la inhabilitación se aplique a personas condenadas en segunda instancia, esto es, cuando una Cámara de Apelaciones confirma el fallo, sin requerirse una resolución definitiva de la Corte Suprema.
Ambos proyectos coinciden en abordar delitos contra la administración pública como corrupción, malversación de fondos, cohecho y enriquecimiento ilícito, entre otros. No obstante, la propuesta libertaria incluye una cláusula con criterios más estrictos respecto a la idoneidad ética para ocupar cargos públicos, siempre considerando aspectos legales vinculados a antecedentes penales.
El proyecto impulsado por Javier Milei establece que las inhabilitaciones serán efectivas para condenas confirmadas antes del 31 de diciembre del año previo a las elecciones. Con estas modificaciones, surge la pregunta: ¿qué candidatos quedarían excluidos de participar en estos comicios legislativos?
Figuras afectadas por antecedentes judiciales
Cristina Fernández de Kirchner, La exmandataria fue condenada en la causa “Vialidad” por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Se determinó que durante su gestión se direccionaron obras públicas hacia empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, causando pérdidas millonarias al erario público. Fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Con una condena que quedó firme en segunda instancia en 2024, no podría ser candidata en caso que se apruebe el proyecto.
Amado Boudou, el exvicepresidente fue condenado a cinco años y diez meses de prisión en el caso Ciccone, habiéndose comprobado su participación en un esquema de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública para adquirir la imprenta Ciccone Calcográfica. La Corte Suprema ratificó la sentencia en 2020, imponiendo además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente.
Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López quedarían imposibilitados a ser candidatos
Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal fue hallado culpable por administración fraudulenta en la causa de la Tragedia de Once. La Corte Suprema confirmó su condena en 2024, aunque redujo su pena inicial de cinco años y ocho meses de prisión. Durante su gestión, permitió el deterioro del sistema ferroviario, lo que contribuyó al accidente que dejó 51 víctimas fatales.
Al igual que el anterior, Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte cumplió penas por su responsabilidad tanto en la Tragedia de Once como en casos de corrupción relacionados con la compra de trenes inservibles en España y Portugal.
Junto a los otros dos, Juan Pablo Schiavi, el exsecretario de Transporte, recibió una condena de cinco años y seis meses de prisión por administración fraudulenta y estrago culposo en la Tragedia de Once. Se comprobó su responsabilidad en la falta de mantenimiento del sistema ferroviario, lo que resultó en el fatal accidente de 2012. La Corte Suprema dejó firme su condena en 2024 por administración fraudulenta. Este ya había recibido penas anteriores por enriquecimiento ilícito y aceptación de dádivas, acumulando más de ocho años de prisión.
Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación
Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación por la manipulación de datos del INDEC, delito calificado como abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos.
La sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, comprobó que el peronista fundador de Principios y Valores utilizó su cargo para distorsionar índices económicos de manera intencional. Pero, hasta que la condena no sea ratificada por la Cámara de Casación Penal, podría presentarse en estas elecciones.
De la misma forma, el recientemente eyectado del Senado, Edgardo Kueider, quien fue detenido en diciembre en la frontera de Paraguay con más de U$d200.000 que no supo justificar, podría volver a presentarse como candidato si resuelve su situación judicial previo a las elecciones, dado que no cuenta con sentencia confirmada por el tribunal.
Kueider aún está siendo investigado por presunto lavado de activos, pero no tiene una sentencia
Sergio Urribarri, el exgobernador de Entre Ríos, fue condenado en 2022 a ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa incluyó el desvío de fondos para financiar campañas políticas y promocionar su imagen personal. La Cámara de Casación de Entre Ríos ratificó su condena en 2023, consolidando su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Luis D’Elía, el dirigente peronista que habita en Laferrere, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por instigación a cometer delitos. El nuevo proyecto de Milei y su condena, avalada por la Cámara de Casación Penal, lo imposibilitaría a ser candidato en estas elecciones legislativas.
Carlos Zannini, exministro de Gobierno, si bien el exfuncionario de confianza de la familia Kirchner fue detenido por la causa del memorándum con Irán y fue acusado de encubrimiento agravado, no recibió condena en segunda instancia. Es decir, estaría habilitado a competir en estas legislativas.
El dirigente peronista Luis D’Elía no podría ser candidato en las elecciones legislativas
José López, el exsecretario de Obras Públicas, fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito tras ser captado en video mientras intentaba ocultar bolsos con 9 millones de dólares en un convento. La investigación también expuso una red de corrupción vinculada a la adjudicación de obras públicas durante su gestión.
Y por último, Felisa Miceli, la exministra de Economía fue condenada a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por encubrimiento agravado y sustracción de documento público. La causa se originó luego que se hallara un bolso con $100.000 y U$d31.000 en el baño de su despacho y que no lograra explicar de dónde procedían.