El Poder Ejecutivo estableció un mecanismo para obtener la naturalización argentina mediante un aporte económico, sin residencia previa. La medida se suma a la derogación de la ley que limitaba la compra de tierras rurales por extranjeros.
El Gobierno nacional, mediante el Decreto 366/2025, introdujo modificaciones al régimen de ciudadanía argentina. La norma permite que personas extranjeras accedan a la naturalización a través de una inversión calificada como relevante, sin necesidad de acreditar un período mínimo de residencia en el país.
El programa, cuya implementación está prevista para el último trimestre de 2026, contempla dos modalidades: un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la adquisición de un título público por 800.000 dólares.
El decreto establece que el procedimiento de otorgamiento de la ciudadanía pasa de la órbita judicial a la Dirección Nacional de Migraciones, con intervención de una agencia especializada dependiente del Poder Ejecutivo. La norma indica que se mantienen controles administrativos y de seguridad.
La modificación se produce en forma simultánea con la derogación de la Ley 26.737, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. Esa legislación establecía un límite general del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales, computado en los niveles nacional, provincial y departamental o municipal, y fijaba que las personas de una misma nacionalidad extranjera no podían superar el 30% de ese porcentaje.
Según el texto del decreto, la naturalización implica que la persona deja de estar comprendida, como extranjera, en las restricciones que se fundan exclusivamente en esa condición. La norma no exige la creación de empresas, la generación de puestos de trabajo ni el desarrollo de actividad productiva alguna para acceder a la ciudadanía.
El Poder Ejecutivo sostuvo que la medida busca atraer inversiones genuinas y contribuir al desarrollo económico. Organizaciones especializadas en derechos migratorios y legisladores de la oposición solicitaron que el Congreso analice la norma y debata si las garantías de transparencia y revisión judicial resultan suficientes para el otorgamiento de la ciudadanía.