La jueza Araceli Martínez-Olguín prohibió al Departamento de Seguridad Nacional realizar operaciones de campo y entrevistas en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
Una jueza federal en California bloqueó la mayor parte de las operaciones de campo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) centradas en el fraude electoral en nueve estados, según un fallo emitido el miércoles y difundido este jueves.
El dictamen de la jueza Araceli Martínez-Olguín prohíbe al DHS llevar a cabo operaciones de campo y entrevistas en terreno relacionadas con las elecciones en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
En las últimas semanas, agentes del DHS realizaron operativos en los que entrevistaron a votantes inscritos a partir de listas provenientes de padrones electorales estatales oficiales y de bases de datos comerciales, que la jueza calificó como “cuestionables”.
La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.
En su fallo de 19 páginas, la jueza explicó que los demandantes no alegan, ni el tribunal considera, que sea ilegal que los funcionarios federales investiguen el voto ilícito en elecciones federales, sino que se busca impedir que intimiden a ciudadanos estadounidenses y amenacen su participación en los comicios.
Las operaciones quedan bloqueadas únicamente en los casos en que los agentes del DHS sospechen de personas que, a su juicio razonable, son ciudadanos estadounidenses.
Beau Tremitiere, abogado de la organización Protect Democracy que representa a los demandantes, dijo este jueves en un comunicado que el fallo debe recordar que, en la democracia estadounidense, el poder supremo reside en los ciudadanos y no en el Gobierno.
La jueza otorgó un plazo hasta este viernes para que la orden entre en vigor, lo que da al Gobierno del presidente Donald Trump la oportunidad de apelar la decisión.
Un portavoz del DHS afirmó al periódico The Washington Post que la agencia no tiene previsto investigar a los votantes que considera ciudadanos estadounidenses.