El estado de Texas solicitó a un juez federal que concluya la vigilancia judicial sobre su sistema de foster care, valorado en USD 4.900 millones y con 6.800 menores bajo su responsabilidad. La audiencia se desarrolla en Houston ante el juez Randy Crane, quien escuchará argumentos durante varios días antes de decidir si levanta la supervisión o establece un nuevo cronograma.
Texas pidió este martes a un juez federal que ponga fin a 15 años de supervisión judicial sobre su sistema de acogida infantil, conocido como foster care. La audiencia se desarrolló en Houston ante el juez Randy Crane, quien escuchará argumentos durante varios días antes de decidir si levanta la vigilancia o establece un nuevo cronograma.
El sistema, valorado en USD 4.900 millones, tiene bajo su responsabilidad a unos 6.800 menores. Las comisionadas Audrey O’Neill (del Departamento de Servicios de Familia y Protección de Texas, DFPS) y Stephanie Muth (de la Comisión de Salud y Servicios Humanos, HHSC) testificaron para defender que la vigilancia federal ya cumplió su propósito, según informó The Texas Tribune.
El argumento central se apoya en las cifras: desde 2019, ambas agencias destinaron más de USD 320 millones a mejoras ordenadas por la corte. De ese monto, USD 66 millones se destinaron a los monitores federales que supervisan indicadores como la velocidad con que los investigadores contactan a las víctimas. Los USD 254 millones restantes fueron a capacitación, reclutamiento, retención y aumento de personal.
“Creo que las órdenes correctivas dieron una dirección importante. Considero que estas reformas son sustanciales y permanentes”, declaró O’Neill ante el tribunal.
Los abogados de los niños utilizaron los testimonios de las propias funcionarias para exponer fallas persistentes. El caso más visible es el de EMPOWER, el mayor contratista privado de foster care del estado, que gestionaba unos 3.000 menores en Dallas y ocho condados aledaños.
EMPOWER, filial de Texas Family Initiative, recibió su contrato en septiembre de 2023 como parte de una reforma de 2017 que impulsó la privatización del sistema. Desde el inicio tuvo problemas de retención: los trabajadores sociales estatales transferidos abandonaron sus puestos en poco tiempo. En marzo de 2026, tras la muerte de un segundo menor bajo custodia de EMPOWER en dos años, el DFPS solicitó la intervención judicial del contratista.
Según la petición, la organización representaba un “peligro inminente” para los niños: sus fallas derivaron en dos muertes y en la hospitalización de un menor por una crisis de lupus causada por negligencia médica. En julio, O’Neill rescindió el contrato de manera definitiva. Actualmente, el 61% de los menores en acogida está bajo el cuidado de empresas privadas.
Documentos desclasificados esta semana revelan que Texas admite no haber alcanzado el cumplimiento total de las órdenes de la corte. Las investigaciones prioritarias de abuso que deben iniciarse en 24 horas se cumplen solo en el 79% de los casos. Las de segunda prioridad, con plazo de 72 horas, alcanzan el 85%. El contacto del trabajador social con la víctima llega al 79%, y la obligación de informar a los menores sobre cómo denunciar abuso se cumple en el 83%.
Los informes más recientes de los monitores también expresaron “preocupaciones significativas” por la colocación de niños en hogares con antecedentes de abuso o negligencia. Entre los casos documentados figuran un hogar donde un padre sustituto apuntó con un arma a menores como disciplina y otro cerrado solo después de que un niño murió por sobredosis de fentanilo.
Pese a estos números, el equipo legal del estado, liderado por Allyson Ho del bufete Gibson Dunn, insiste en que el progreso basta. “Es hora de devolver el sistema de foster care de Texas a Texas”, argumentó Ho. Su equipo también sostuvo que la rescisión de EMPOWER prueba que los controles funcionan: “El estado detectó las fallas, tomó el control en dos días y verificó la situación de casi todos los niños en seis semanas”, indicaron en un escrito judicial.
Su estrategia se apoya en una decisión de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito, que determinó un “cumplimiento sustancial” y revocó sanciones por desacato. Ese mismo fallo apartó a la jueza Janis Jack, que supervisaba el caso desde 2011, por una “actitud antagónica” hacia los funcionarios. Crane fue designado como reemplazo.
Paul Yetter, abogado de los menores en la demanda original de 2011, se opone. “Hemos visto mejoras, pero las reformas ordenadas por la corte están en progreso, no terminadas. Es una locura que el Estado intente poner fin a las medidas ahora. Los niños sufrirán”, declaró en un comunicado citado por The Texas Tribune.
Los abogados argumentan que el estándar legal exige “cumplimiento total” antes de levantar la supervisión, y que la corte debe retener jurisdicción por tres años adicionales tras alcanzarlo. “El sistema está en un período de cambio, mientras avanza hacia la privatización completa, y las mejoras son demasiado recientes para concluir que son duraderas”, sostuvieron en un escrito ante la corte.
Entre los datos positivos figura una reducción de menores bajo custodia: de 12.000 en 2011 a 6.800 en 2025. Las fatalidades investigadas descendieron de 997 en 2022 a 581 en 2025. Muth destacó que los niños que ingresan hoy presentan necesidades de salud mental más complejas, y señaló la apertura del Centro Terrell para la Juventud, un hospital psiquiátrico de USD 35 millones para menores con traumas graves.
La audiencia continuará durante el resto de la semana. Al concluir, el juez Crane decidirá si libera al estado de la supervisión federal o establece un cronograma modificado.