La congresista republicana sostuvo que su propuesta, la Ley Dignidad, permitiría regularizar a determinados inmigrantes indocumentados. El proyecto fue presentado en julio de 2025 con apoyo bipartidista.
La congresista republicana María Elvira Salazar afirmó que el presidente Donald Trump podría impulsar una reforma migratoria antes de finalizar su mandato, con la que determinados inmigrantes indocumentados podrían regularizar su situación en Estados Unidos.
Declaraciones de Salazar sobre el apoyo de Trump
Según declaraciones citadas por El Nuevo Herald, Salazar dijo en Miami que el presidente estadounidense impulsará la legislación destinada a regularizar a ciertos migrantes. La legisladora sostuvo que su propuesta, conocida como Ley Dignidad, busca responder a las necesidades de la economía estadounidense sin conceder la ciudadanía a sus beneficiarios.
La congresista, que busca la reelección y ganó notoriedad nacional por sus críticas a las deportaciones impulsadas por Trump, vinculó su pronóstico con la necesidad de resolver un problema migratorio que, según afirmó, lleva cuatro décadas sin una solución definitiva.
“No es que lo haya convencido, sino que el presidente es un hombre inteligente y sabe que la economía depende de ello”, afirmó Salazar.
La legisladora explicó que, de acuerdo con su argumento, el 20% del producto interno bruto de Estados Unidos depende de cinco industrias que necesitan una gran cantidad de trabajadores, muchos de los cuales carecen de estatus migratorio regular.
“Hay una legislación, la Ley Dignidad, que estoy presentando y que es una solución equilibrada: no les concede la ciudadanía, pero al mismo tiempo les permite quedarse con una visa Dignidad”, explicó.
La congresista también manifestó su confianza en que el proceso pueda avanzar antes de que Trump termine su mandato.
“Sé que esto se está hablando y que, durante los próximos dos años, antes de que el presidente se vaya de la Casa Blanca, habrá una reforma migratoria que habrá resuelto un problema de 40 años”, señaló.
Qué es la Ley Dignidad y cómo regularizaría el estatus de migrantes
De acuerdo con el comunicado de prensa de Salazar sobre la iniciativa, la versión actualizada de la Ley Dignidad fue presentada el 15 de julio de 2025 bajo el número de expediente H.R. 4393. La propuesta fue impulsada por la congresista republicana de Florida junto con la demócrata Veronica Escobar, representante de Texas.
El texto se presenta como una alternativa bipartidista para modificar el sistema migratorio estadounidense. Su planteamiento combina medidas para reforzar la seguridad fronteriza, reformar los procedimientos de asilo, ofrecer una solución a determinados inmigrantes indocumentados y atender las necesidades del mercado laboral.
El proyecto se organiza en cinco principios centrales: poner fin a la inmigración ilegal, actualizar el sistema de asilo, establecer una solución para los inmigrantes indocumentados que ya viven en el país norteamericano, proteger a los trabajadores y fortalecer la prosperidad y la competitividad económica.
El Programa Dignidad está dirigido a personas que vivieron en EE.UU. durante más de cinco años antes del 31 de diciembre de 2020. El objetivo es ofrecerles la posibilidad de trabajar, cumplir sus obligaciones fiscales y obtener un estatus legal condicionado a su conducta y a sus contribuciones económicas.
Para acceder al programa, los solicitantes deberán cumplir las leyes federales y estatales, superar una verificación de antecedentes penales, pagar los impuestos atrasados que adeuden y comenzar a abonar los correspondientes sobre sus ingresos. También deberán realizar pagos de restitución durante el período establecido y mantener una situación legal y cívica adecuada.
Qué propone la Ley Dignidad para los dreamers
La Ley Dignidad también contempla disposiciones específicas para las personas acogidas al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Según el comunicado de Salazar, estos grupos podrían recibir un estatus de residente permanente condicional durante diez años y, posteriormente, acceder a una vía para ajustar su situación a la de residente permanente legal.
Ese ajuste estaría condicionado a determinadas trayectorias, como la experiencia laboral, el servicio militar o la educación superior. También se propone desarrollar una estrategia integral para la frontera sur, incorporar barreras físicas y desplegar tecnologías de vigilancia y detección.
El proyecto plantea, además, aumentar las sanciones contra los traficantes de personas, incluidos quienes participan en la explotación sexual de menores, y endurecer las penas por facilitar cruces fronterizos ilegales.
En materia de asilo, la propuesta busca acelerar la resolución de las solicitudes mediante la creación de al menos tres centros humanitarios para recibir a personas y familias que lleguen a la frontera sur. La iniciativa fija como objetivo resolver las solicitudes de asilo en un plazo de 60 días. Para ello, prevé una entrevista inicial sobre temor creíble dentro de los primeros 15 días y una evaluación posterior que permita adoptar una decisión definitiva durante los 45 días siguientes.