El gobierno británico envió una carta a la sede de Interpol en Lyon para que las solicitudes de notificación roja de Argentina contra personas vinculadas al proyecto Sea Lion sean consideradas de carácter político. La gobernadora de las Islas Malvinas confirmó la preocupación y señaló que Interpol probablemente no actuará. Argentina reclama soberanía sobre el archipiélago y anunció posibles acciones legales internacionales.
El Reino Unido solicitó a Interpol que rechace los pedidos de detención emitidos por Argentina contra personas implicadas en actividades hidrocarburíferas del proyecto Sea Lion, operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas cercanas a las Islas Malvinas.
Según trascendió, funcionarios británicos enviaron una carta a la sede de Interpol en Lyon en la que argumentan que las solicitudes de “notificación roja” de Argentina, que incluyen a ciudadanos británicos, deben considerarse motivadas políticamente. El gobierno del Reino Unido expresó su preocupación por lo que algunas fuentes describen como un intento de intimidar a personas y empresas para que abandonen sus actividades en el archipiélago, ubicado a 500 kilómetros al este de la costa patagónica sur de Argentina.
El proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Islas Malvinas, tiene el potencial de triplicar el PIB de las islas, según estimaciones. El presidente argentino, Javier Milei, prometió bloquearlo. La estrategia argentina incluiría intentos de criminalizar a los involucrados en el proyecto y disuadir a otros inversores, de acuerdo con la misiva británica.
Andrea Clausen, jefa del gobierno de las Islas Malvinas, confirmó que el uso de Interpol por parte de Argentina representa una amenaza, pero agregó: “Cabe esperar que Interpol no necesariamente tome medidas”. “Sin duda, quienes tenemos interés en el tema hemos examinado ciertas secciones de la constitución de Interpol para ver qué creemos que podría significar”, sostuvo.
La respuesta de Interpol a la correspondencia del gobierno británico indicaría que respetará el artículo 3 de su constitución, que le prohíbe realizar cualquier intervención o actividad de carácter político. Interpol examina las notificaciones rojas, que son solicitudes para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición. Si se distribuyen a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, cada país miembro decide si actúa en consecuencia. El año pasado se emitieron cerca de 20.000 notificaciones rojas.
La intensidad de la tensión en torno a las Malvinas alcanzó un nivel que, según funcionarios británicos, no se veía desde la guerra de 1982, que duró 74 días y concluyó con la rendición de las fuerzas argentinas. El conflicto dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres isleños fallecidos.
Argentina sigue reclamando soberanía sobre las 700 islas que conforman las Malvinas y desestimó un referéndum de 2013 en el que el 99,8% de los 3.600 residentes votaron a favor de seguir siendo territorio británico, con solo tres votos en contra.
A pesar de las garantías de Interpol sobre su labor de revisión de las solicitudes de notificación roja, persiste la preocupación de que Argentina pueda convencer a los Estados miembros de la organización de que sus solicitudes no son políticas, sino que se basan en la legislación nacional.
Milei inició un proceso penal contra la empresa israelí Navitas y su socio británico Rockhopper Exploration, principales empresas del proyecto marino Sea Lion. Un proyecto de ley de soberanía nacional presentado ante el Congreso argentino ampliaría el alcance de las sanciones a las filiales de esas empresas, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. El proyecto también incluye cláusulas que podrían afectar a quienes participan en la industria pesquera de las Malvinas, que constituye una parte importante de la economía de las islas. Trabajadores de los sectores petrolero y pesquero de las islas manifestaron preocupación por posibles represalias si viajan, en particular a Sudamérica.
El 28 de septiembre, Milei dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para detener el proyecto o enfrentar acciones legales. El plazo venció el lunes y, según informaron periódicos argentinos, posteriormente se solicitaría un arbitraje. Argentina alegaría que el Reino Unido incumple una resolución de la ONU que invita a las partes a negociar sobre la disputa de soberanía y a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales a la situación. Buscaría un fallo vinculante que obligue al Reino Unido a detener las perforaciones. Sin embargo, fuentes del gobierno británico confían en que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) no intervendrá en la disputa de soberanía.
En una reunión pública celebrada el lunes por la noche, Dean Dent, miembro de la Asamblea de las Islas Malvinas, comunicó a sus electores que el gobierno británico trabaja en una respuesta a la amenaza argentina de recurrir a la UNCLOS: “El gobierno del Reino Unido ha conformado un equipo bastante completo de asesores legales, abogados especializados en derecho marítimo (KC), lo cual constituye el primer paso”, afirmó. “Recientemente se han presentado cuatro casos similares en los que se planteó una cuestión de soberanía ante la UNCLOS, y los cuatro fueron desestimados por el tribunal, ya que se trataba de una cuestión de soberanía, no de una cuestión marítima”, agregó.
Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, declaró ante el Parlamento el lunes que había planteado el tema, y la clara y manifiesta voluntad de los isleños de seguir siendo británicos, al presidente estadounidense, Donald Trump.