El Congreso avanza en un proyecto sobre vandalismo rural y negocia la inclusión de biocombustibles, mientras otros temas del sector como fitosanitarios, semillas y retenciones no figuran en la agenda legislativa.
Mientras en el Congreso la atención se centraba en el interés del Gobierno por frenar la sesión especial convocada por la oposición en Diputados para tratar, entre otros puntos, el decreto 70/2023 de desregulación, se registraron hechos y encuentros que permiten relevar el estado de la agenda legislativa vinculada al sector agropecuario. Hay avances en algunos asuntos, negociaciones para impulsar otros y temas que aún no aparecen en el radar de los legisladores.
Con un Gobierno que, además de la desactivación de la sesión especial del 15 de octubre, tiene entre sus prioridades el presupuesto 2027, la carta orgánica del Banco Central y las PASO, esta semana se produjo un dictamen en Diputados sobre vandalismo rural. La iniciativa abarca desde la rotura intencional de silobolsas hasta la destrucción de cultivos, herramientas y otros ataques por el ingreso a la propiedad privada.
Según cómo evolucione la situación en el Congreso, existe la expectativa de que en una posible sesión para el 21 de octubre se incluya vandalismo rural para intentar una media sanción en Diputados. También habría una posibilidad de incluir el nuevo marco para biocombustibles, que ya tiene media sanción en el Senado, pero debe ser tratado en comisiones antes de llegar al recinto. Fuentes con acceso al Congreso indicaron que falta un impulso de algunos gobernadores para que biocombustibles avance en Diputados. En el caso de vandalismo rural, si eventualmente entra en una sesión del 21, se podría buscar luego que lo trate el Senado en noviembre. Son temas que monitorea la Fundación Barbechando, con terminales en los distintos bloques legislativos. Se habla de dos semanas claves para la actividad en el Congreso.
En cuanto al proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios, que en su momento tuvo respaldo de diversos bloques y el acompañamiento de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias en el Congreso, por ahora no tiene lugar e incluso hay quienes consideran que el Poder Ejecutivo no lo ve prioritario. Algunos entienden que hay que seguir impulsándolo.
Sobre propiedad intelectual y semillas, tras la última reunión entre la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), las entidades del campo y autoridades oficiales, la definición queda en manos del Gobierno. Los funcionarios escucharon a las partes y ahora deben elaborar una iniciativa propia. En el medio está el acuerdo con los Estados Unidos para enviar al Congreso el pedido de adhesión a UPOV-91.
En el Congreso, la cuestión de semillas no aparece en la agenda. Esta semana, en una reunión con presidentes de distintas comisiones se indagó la agenda de prioridades y la propiedad intelectual no figura aún como un tema para ser convocado. Según se explicó, si el Poder Ejecutivo insiste y envía una señal desde la Casa Rosada, el asunto podría ponerse en tratamiento, pero por ahora no hay novedades.
El foco del Gobierno está en la carta orgánica del BCRA, el presupuesto, las PASO y salvar el DNU 70/2023, en este último caso incluso con una jugada que contempla incluir un apartado de la ley de tierras para desbaratar la avanzada opositora.
En cuanto a las retenciones, un tema trascendental para el campo, más allá de las palabras y proyectos, en el Congreso la decisión es no acelerar con estas iniciativas. Se advierte que no están los votos para algo de este nivel y que se trata de un punto que genera un desgaste que puede afectar el abordaje de otras temáticas.
Queda por ver la marcha de los acontecimientos de los próximos días en el Congreso, un área que sigue de cerca la Fundación Barbechando, que preside Ángeles Naveyra y que a fin de mes quedará a cargo de Ignacio Garciarena, según trascendió.