El fenómeno conocido como ‘romance scam’ o fraude de confianza digital utiliza relaciones afectivas simuladas para obtener dinero de las víctimas o convertirlas en instrumentos de delitos. Casos en Estados Unidos y Argentina exponen el modus operandi y las cifras de una industria criminal transnacional.
Jackie Crenshaw trabajó cuarenta años en el área de servicios de salud. Estaba a cargo del servicio de imágenes mamarias en el Hospital Yale New Haven, en Connecticut, y participaba en organizaciones de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. En 2023, a los sesenta años, llevaba diez sin estar en pareja. En ese momento decidió, por primera vez, introducirse en el mundo de las aplicaciones de citas. Allí conoció a Brandon, quien se presentaba como viudo y con dos hijos. Establecieron una relación y hablaban varias veces al día. Cuando Jackie decía que tenía hambre, él le mandaba comida a su casa. Rezaban juntos antes de dormir.
Nunca se vieron en persona, porque Brandon siempre daba algún motivo para no concretar el encuentro. La relación parecía auténtica por la comunicación continua y las muestras de afecto. Brandon no era real.
Luego de meses de contacto, Brandon le dijo a Jackie que había incursionado en el negocio de las criptomonedas durante la pandemia y que le estaba yendo bien. La alentó a ser parte de un proyecto conjunto. Jackie pidió prestados cuarenta mil dólares de su jubilación y los invirtió en lo que parecía una plataforma legítima. Pronto le llegó un cheque de cien mil dólares, supuestamente sus ganancias, a nombre de una mujer de Florida que no conocía. Jackie lo llevó a la policía. Allí le dijeron que la cuenta parecía legítima y el cheque se acreditó.
A partir de ahí continuó invirtiendo. Pidió préstamos hipotecarios, retiró ahorros de jubilación e invirtió hasta perder casi un millón de dólares. La mujer cuyo cheque había llegado primero era otra víctima del mismo esquema, usada para hacer circular dinero entre víctimas de estafa. La policía de Connecticut rastreó los fondos hasta cuentas en Nigeria y China. Brandon no existía. Las fotos pertenecían a la cuenta de redes sociales de otra persona.
Jackie Crenshaw perdió todos sus ahorros y su casa entró en proceso de ejecución hipotecaria. Debe pagar setecientos dólares mensuales en impuestos durante seis años por el dinero de jubilación que retiró. Contó su historia públicamente en medios de comunicación y ante la legislatura de Connecticut. Desde allí impulsó una ley para dar a la policía herramientas para recuperar criptoactivos. “Voy de víctima a sobreviviente”, dijo. Cuando le preguntaron si había abandonado la idea de encontrar el amor, respondió: “No, porque tengo mucho amor para dar”.
La industria del engaño afectivo
Hay una historia que se repite con variaciones mínimas en todo el mundo. Una persona recibe un mensaje en una red social, en una de citas o en WhatsApp. El perfil que la contacta corresponde a alguien atractivo, con posición económica sólida en apariencia, que dice trabajar en ingeniería, medicina o fuerzas de seguridad, en general lejos de donde vive la persona contactada. La conversación fluye y parece haber un interés genuino. En pocas semanas hay una promesa de encontrarse. Luego aparece la primera solicitud de dinero o la primera invitación a invertir en una plataforma de criptomonedas. Cuando la trampa se cierra, la víctima ha perdido dinero o ha sido introducida en el crimen organizado sin saberlo.
El mecanismo de engaño está estandarizado. Hay guiones módulos de conversación. Hay equipos enteros cuya tarea es mantener en simultáneo decenas de “relaciones” en diferentes idiomas.
Las víctimas pueden terminar perdiendo todo su dinero, endeudadas y con impacto en su salud mental. También pueden terminar presas. En 2022, una mujer estadounidense fue detenida en la Argentina. Mantenía desde hacía siete años una relación afectiva a distancia con un hombre llamado Marcus, a quien había conocido en una aplicación de citas. Marcus le dijo que iban a poder estar juntos, pero le pidió que antes de reunirse con él en Escocia pasara por Argentina a retirar unos papeles de su jubilación y unos medicamentos, además de su dulce de leche preferido. Cuando llegó a Buenos Aires, Interpol ya había detectado que alguien iba a recibir y trasladar un cargamento de cocaína. La detuvieron en Ezeiza con casi ocho kilos de cocaína ocultos en sus valijas. La trataron como a una traficante de drogas.
En la Argentina, un defensor penal económico asumió su defensa. Con ayuda de una perito psicóloga y la intervención de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación se presentaron informes que reconstruyeron la trama completa de la vida de la mujer: una historia marcada por años de violencia de género, en un contexto de vulnerabilidad psicosocial acreditado con informes psicológicos, sociales y antropológicos. Los mensajes de chat mostraban cómo Marcus le iba ordenando cómo guardar los envases con droga. El informe pericial concluyó que la mujer se encontraba atrapada en un mecanismo en el que se sentía obligada a retribuir todo lo que Marcus había hecho por ella, “no solo desde el plano material, sino fundamentalmente desde el plano emocional”.
El juzgado la sobreseyó en 2023 porque consideró veraces los argumentos de que había pasado a ser instrumento de una organización criminal sin estar al tanto. Marcus no era una persona real. Era una identidad digital construida y sostenida durante años por una red cuyo propósito era, entre otras cosas, convertir a mujeres vulnerables en correos humanos de droga.
El caso es un precedente relevante en la Argentina y posiblemente uno de los primeros en la región porque permitió leer una relación virtual sostenida mediante manipulación afectiva como parte del mecanismo de captación de una organización criminal. La intervención de la defensa pública con un informe de género permitió no analizar a la imputada solo como una mujer que estaba a punto de cometer un contrabando de drogas: había una historia previa de control emocional, instrucciones progresivas, vulnerabilidad psicosocial y una identidad digital falsa construida para convertirla en instrumento de un delito que no comprendía.
El sistema de justicia penal, sin perspectiva de género, tiende a concentrarse en el dato material sin reconstruir la dinámica de relaciones digitales que precedió al hecho. La manipulación afectiva digital no siempre elimina por completo la voluntad, pero puede reducir de manera profunda la autonomía real de una persona. Eso genera, al menos, tres efectos: invisibiliza la captación como forma de explotación, reproduce el estereotipo de la “mula voluntaria” y reduce el análisis al elemento tangible sin examinar el contexto de vulnerabilidad.
Los números de una epidemia silenciosa
En 2023, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) recibió 64.003 denuncias por estafas románticas, con pérdidas reportadas de 1.140 millones de dólares —la categoría con mayor pérdida media por víctima (dos mil dólares) de cualquier tipo de fraude de impostor—. En 2024, el FBI registró más de 17.900 casos con pérdidas de al menos 672 millones de dólares. La AARP estima que solo alrededor del 3,6% de los casos se denuncia formalmente.
En la variante del “romance scam”, el agresor construye una relación afectiva durante semanas o meses, genera confianza y luego introduce a la víctima en una plataforma de inversión en criptomonedas que parece funcionar. Las ganancias iniciales son reales o simuladas. La víctima invierte cada vez más, hasta que la plataforma desaparece junto con todo el dinero. El FBI registró un aumento del 600% en las denuncias por esta modalidad entre 2021 y 2023. Interpol pidió en 2024 que se abandone el término “pig butchering” porque revictimiza y propuso hablar de estafa romántica o fraude de confianza digital.
Erin West y el Operativo Shamrock
Erin West pasó veintiséis años como fiscal en el condado de Santa Clara, California. A fines de la década de 2010 empezó a ver casos en que las víctimas eran personas comunes que habían perdido sus ahorros en algo que parecía una relación amorosa. El punto de inflexión llegó con el caso de un ingeniero de software de treinta años que había perdido todo en una estafa romántica de inversión. West se convirtió en una de las primeras fiscales del mundo en especializarse en la recuperación de criptoactivos para víctimas de este tipo de estafas. Fundó la Crypto Coalition, una red de más de ochocientos agentes de fuerzas de seguridad de todo el mundo, y luego impulsó el Operativo Shamrock —el trébol, por sus tres ejes: educar, movilizar, desarticular—. West viajó a Asia para ver los centros de estafa en persona. Su conclusión fue que son empresas de escala industrial que operan a plena luz del día.
Muchos de los trabajadores de esos centros son ellos mismos víctimas de trata laboral: llegaron atraídos por ofertas de trabajo bien pagas, les confiscaron los pasaportes al aterrizar y los pusieron a trabajar en jornadas de quince horas ejecutando estafas bajo amenaza de violencia. Small Q, un joven ugandés que West conoció en Entebbe, había llegado atraído por una promesa de trabajo en Tailandia. Lo llevaron a Myanmar. Trabajaba dieciocho horas por día, posando como una mujer joven para construir relaciones online con hombres en Estados Unidos y Canadá. Le daban cuatrocientos números de teléfono por día y una cuota mínima de sesenta conversaciones activas.
La inteligencia artificial aceleró este fenómeno. Las redes criminales tomaron modelos de IA y los integraron en softwares diseñados para ejecutar fraudes a escala masiva. Un trabajador que solo habla chino puede ejecutar un “romance scam” sobre alguien en Brasil porque la IA traduce cada mensaje en tiempo real en más de cien idiomas. Un adolescente sin estudios secundarios puede hacerse pasar por un asesor financiero de Wall Street porque un chatbot lo guía en cada conversación.
El Operativo Shamrock describe la lógica que hace eficiente este delito: sus organizadores eligieron deliberadamente una modalidad de estafa sobre la que las víctimas sentirían demasiada vergüenza para denunciar. El temor a verse expuesta es parte del diseño del crimen, dado que opera como escudo de impunidad.
Una cuestión de género
Los datos sobre “romance scams” muestran que las víctimas no son exclusivamente personas mayores, solitarias o con poca educación. Lo que une a las víctimas es estar atravesando un momento de vulnerabilidad emocional. Divorciadas, viudas, personas que acaban de salir de una relación larga, que se mudaron a una ciudad nueva, que atravesaron una pérdida. La vulnerabilidad es una circunstancia y el crimen organizado la explota.
La FTC registró que más mujeres que hombres denuncian haber perdido dinero en “romance scams”. Un estudio sobre cincuenta casos procesados en Nigeria muestra que el 70% de las víctimas elegidas fueron mujeres. Los perfiles de fraude construidos para atrapar a mujeres se ajustan a estereotipos de género: hombres con éxito económico, estabilidad, promesas de protección. Los perfiles diseñados para atrapar a hombres proyectan independencia económica femenina o elementos de seducción explícita. La ingeniería social de estas estafas es, en su núcleo, una ingeniería de género.
Cuando la víctima es una mujer, el daño se amplifica por el doble castigo social. No solo perdió dinero o tiempo, también se la juzga por haberse “dejado engañar”, por haber buscado afecto online, por no haber visto lo que “debería haber sido obvio”. El Operativo Shamrock trabaja para desmantelar ese mecanismo: sin quitar la vergüenza de las víctimas, es imposible que denuncien, y sin denuncias no hay datos, sin datos no hay presupuesto, sin presupuesto no hay investigación.
El impacto en la salud mental de quienes sobreviven un “romance scam” es comparable, según múltiples investigaciones, al de otras formas de violencia. Las víctimas reportan sentimientos de marginación, vergüenza, conmoción, rabia, ansiedad, estrés, miedo y depresión, y pueden presentar síntomas similares a los del trastorno depresivo mayor, procesos de duelo y trastorno de estrés postraumático. Se procesan dos pérdidas al mismo tiempo: la parte real —los mensajes que sí existían, la atención que se recibía— y la conclusión de que esa atención nunca había existido porque la persona no era tal.
En 2024, la Operación Level Up del FBI notificó a 4323 víctimas activas de fraude en criptomonedas e identificó que el 76% de ellas no sabía que estaba siendo estafada. De esos casos, 42 víctimas fueron derivadas a un especialista del FBI por intervención ante la aparición de ideaciones suicidas.
Ana Correa es abogada, comunicadora y activista por los derechos de las mujeres. Fue una de las fundadoras de Ni Una Menos. Es especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital así como en Inteligencia Artificial y Derecho. Es autora del libro “Somos Belén” que fue adaptado al cine y dirigida por Dolores Fonzi. Su último libro publicado es “Ciberfeminismo. La hora de la acción” (Planeta) del cual este texto es un fragmento.