Daniel Orozco y Janina Ortiz reconocieron su culpabilidad en el caso de la cooperativa Manos a la Obra y esperan la homologación de un juicio abreviado que les impondría 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El exintendente de Las Heras Daniel Orozco y su esposa, la exdiputada provincial Janina Ortiz, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza en el marco de la causa por el desvío de fondos públicos a la cooperativa “Manos a la Obra”. Según confirmaron fuentes judiciales, ambos reconocieron su culpabilidad y aceptaron una pena de 3 años de prisión en suspenso en un juicio abreviado, que además incluye la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión final sobre la homologación del acuerdo está en manos del Tribunal Penal Colegiado N°1.
La investigación, dirigida por el fiscal Juan Ticheli, determinó que entre 2021 y 2023 se desviaron 35.511.386,14 pesos del patrimonio de la Municipalidad de Las Heras a través de la cooperativa Manos a la Obra, una entidad que estaba registrada para tareas de reciclaje pero que nunca funcionó. Mediante licitaciones públicas y contrataciones directas, se destinaron fondos a una cuenta bancaria vinculada a los imputados por supuestos servicios de limpieza urbana que no se realizaron.
Ortiz también fue imputada por amenazas coactivas. La acusación sostiene que, aprovechando su cargo como secretaria de Gobierno de Las Heras, presionó a una trabajadora de la comuna con quitarle el empleo si no accedía a tener relaciones sexuales con uno de los funcionarios implicados. La mujer grabó el encuentro y esa grabación dio inicio a la investigación judicial.
Además de Orozco y Ortiz, otros cinco imputados enfrentan la elevación a juicio como partícipes necesarios: Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales; Hernán Mostaccio, exsecretario de Modernización y jefe de Licencias de Conducir; Juan Pablo Pandolfi, agente contratado; Daniel Herrera, contador; y Adrián “Moco” Pérez, empleado municipal y titular formal de la cooperativa. Un segundo grupo de seis exfuncionarios —Mauro Homan, Mauricio Valle, Diego Tolin, Leandro Tassi, Patricia Díaz y Carlos Nofal— evitó el juicio tras pagar una reparación económica de 62 millones de pesos por negligencia en los controles de sus áreas.
El caso se originó a partir de la filtración de audios en los que Oyhenart exponía los mecanismos de desvío de fondos. Estos fueron registrados por la mujer que luego denunció las amenazas.
En declaraciones a la prensa, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió al acuerdo: “Si ellos mismos reconocen la culpabilidad, es un gran avance para el proceso judicial y para que un caso de falta de transparencia y corrupción quede aclarado y sancionado”. Cornejo había calificado anteriormente el hecho como un caso de corrupción durante una visita a Las Heras.
La relación entre Cornejo y Orozco se quebró cuando el exintendente abandonó el frente Cambia Mendoza para aliarse con Omar de Marchi en Unión Mendocina. En 2023, Cornejo había declarado: “Es lamentable lo que pasó en Las Heras porque se trata de una defraudación a cada vecino y vecina que lo eligió. Es triste que prevalezcan los intereses personales por sobre los colectivos. Orozco defraudó a Cambia Mendoza”.
El Tribunal Penal Colegiado N°1 deberá definir si homologa el acuerdo y deja firmes las penas contra los exfuncionarios mendocinos.
