El gobierno de Jorge Macri desplegó 1500 efectivos en un operativo simultáneo denominado Tormenta Negra, con 17 detenciones y clausuras de locales. Sectores de la Iglesia advirtieron que se realizó dos días después de una misa en Plaza Constitución.
Los curas de villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires expresaron su preocupación por el megaoperativo de seguridad simultáneo que el gobierno porteño llevó adelante en la noche del jueves en unos quince asentamientos informales. La operación, denominada Tormenta Negra, comprendió el envío de 1500 policías, 17 detenciones, secuestro de vehículos, clausura de locales y confiscación de mercaderías que en muchos casos constituyen fuentes de trabajo para los vecinos.
El operativo se realizó dos días después de la misa que los curas villeros oficiaron en la Plaza Constitución en solidaridad con las víctimas de la trata de personas y otras formas de exclusión, según informaron fuentes de la Iglesia porteña.
El gobierno de Jorge Macri fundamentó el despliegue policial e informó que se llevó a cabo en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. Explicó que el objetivo es “reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”.
En sectores de la Iglesia llamó la atención que el despliegue policial se produjo dos días después de la misa celebrada en Constitución por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. Durante la ceremonia, Cannavó llamó a reivindicar el “trabajo digno” y a “acompañar hasta que el otro se ponga de pie”.
En la celebración religiosa se leyó un pronunciamiento de los sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, quienes expresaron su preocupación por las necesidades y situaciones que se viven en los asentamientos informales.
“Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden. Pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente. Muchas de nuestras villas no tienen ley de integración sociourbana. Esto hace que haya peculiaridades a tener en cuenta: el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento familiar, la precarización laboral, la falta de empleo, la falta de espacio en las viviendas, muchas de las cuales son precarias”, alertó el equipo de sacerdotes.
Y concluyeron: “Tendiendo a mejorar la ley y el orden, debiera haber una mejor comunicación con los vecinos. Nuestros barrios tienen centros de salud, escuelas, comedores, capillas y otras organizaciones que pueden ayudar a fortalecer esta comunicación y participación. En muchos de nuestros barrios hay deudas de obras públicas, de construcción de viviendas, de mejoras de tendido eléctrico, de cloacas y pluviales”.