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El diálogo entre Sebastián Marset y un agente de la DEA que precedió a su detención en Bolivia

Un documento judicial de Estados Unidos describe el intercambio de mensajes y una llamada telefónica entre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el agente de la DEA Michael Greisen en marzo de 2025, un año antes de su arresto en Santa Cruz de la Sierra.

Un documento de la Justicia de Estados Unidos al que tuvo acceso LA NACION describe el intercambio de mensajes y una llamada telefónica entre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el agente de la DEA Michael Greisen, ocurrido en marzo de 2025 en Bogotá, un año antes de su detención en Bolivia.

Según el documento judicial, el agente de la DEA se acercó a Susana Castaño Ríos, pareja de Marset, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Le entregó su tarjeta personal y le propuso hablar sobre Marset, quien en ese momento estaba prófugo. La mujer rechazó la invitación. Días después, Greisen le envió un mensaje al celular de Castaño Ríos, que tampoco respondió.

Esa misma noche, Greisen envió un mensaje de WhatsApp al propio Marset. “Este acercamiento se realizó para alentar al demandado a entregarse, una práctica común en las investigaciones de la DEA”, señala el documento judicial. El texto fue escrito en español: “Sebastián, mi nombre es Mike Greisen y soy agente de la DEA. Hemos intentado dos veces darte la oportunidad de establecer comunicación directa conmigo y con mi equipo. Parecería que has rechazado ambas oportunidades. Queríamos informarte y explicarte cómo podrías resolver tus problemas con los Estados Unidos de manera discreta y profesional, reconociendo tus preocupaciones por tus hijos y otros seres queridos”.

El mensaje continuaba: “Me gustaría explicarte cómo abordar esas preocupaciones mientras resuelves tus problemas con los Estados Unidos, problemas que no van a desaparecer. Tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. De lo contrario, simplemente estás esperando el día de tu inminente captura”. Greisen mencionó las detenciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Dairo Antonio Úsuga David “Otoniel”.

Marset respondió con una serie de mensajes. Según el documento judicial, indicó que nunca sería capturado, que sus únicos problemas legales eran con Paraguay y que resolvería esos problemas con dinero. “No me van a capturar nunca” y “La justicia no existe”, escribió. Greisen respondió con una advertencia sobre la ley de conspiración de los Estados Unidos y le aconsejó hablar con un abogado defensor.

El agente también mencionó a los cuatro hijos de Marset. Le advirtió que los familiares de narcotraficantes a menudo corren peligro debido a la violencia del tráfico de drogas, y le repitió que la única salida es entregarse o ser arrestado. “Entiendo tu posición y las complejidades involucradas. Pero como profesional, voy a seguir haciendo mi trabajo, hermano. Me comuniqué personalmente para enviarte este mensaje directamente. Realmente aprecio tu franqueza. Simplemente estoy tratando de ofrecerte una salida y salvar la vida de tus hijos”, escribió Greisen.

Marset respondió: “¿Los van a matar o qué?” y agregó: “Yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”. Luego escribió: “Estás acostumbrado a los sapos que tienen por tu país” y “Mirá que nadie es inmortal. Hijo de puta. Vos debes de ser un sapo más. Convertido en DEA”.

Según el documento, Marset llamó a Greisen por WhatsApp. La conversación duró unos dos minutos y fue grabada por el agente. “Llevo tres años huyendo y seguiré huyendo toda mi vida si es necesario. Nunca me van a atrapar. Deja en paz a mi novia porque las cosas se van a poner feas. Mirá, no tengo miedo de eso, ni de la DEA, ni de nadie. No le tengo miedo a nadie. Todos somos mortales”, dijo Marset. El agente respondió que los cargos no desaparecerían. Marset contestó: “No me interesan los cargos. Soy un criminal; seré un criminal toda mi vida, venga quien venga a buscarme”, y cortó la llamada.

Marset fue detenido el viernes 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un operativo ejecutado alrededor de las 3 de la madrugada en dos casas ubicadas a ocho minutos de distancia. En una estaba su grupo de seguridad, con cuatro personas detenidas; en la otra, una residencia del barrio Las Palmas, fue capturado Marset. Fue expulsado a los Estados Unidos el mismo día y entregado a agentes de la DEA en el aeropuerto local.

El presidente boliviano Rodrigo Paz calificó la operación como un “hecho histórico para la región y la humanidad”. Washington la enmarcó como resultado de su iniciativa regional Escudo de las Américas. La DEA ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por información sobre Marset, acusado de haber movido al menos 16 toneladas de cocaína.

En los allanamientos posteriores, la policía boliviana incautó bienes valuados en 15 millones de dólares: cinco viviendas, una decena de vehículos de alta gama, 21 armas de fuego, tres fusiles de guerra AK-47, más de 600 municiones y 16 aviones.

En Estados Unidos, la acusación original de 2024 contemplaba un único cargo: conspiración para lavar dinero. El viernes 26 de junio de 2026, el equipo del fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff presentó ante el Tribunal de Distrito del Este de Virginia una nueva acusación que sumó tres cargos más, entre ellos el de “conspiración narcoterrorista”. Los cuatro delitos que enfrenta son conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para poseer con fines de distribución cocaína a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense, y dos cargos vinculados al lavado de dinero.

La fiscalía lo describió como el “líder de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero”, el PCU, y sitúa la conspiración narcoterrorista entre 2018 y el 13 de marzo de 2026. El 1 de julio de 2026, en una audiencia en Alexandria, Marset se declaró “no culpable” de los cuatro cargos. El juez Rossie D. Alston fijó para el 11 de enero de 2027 el inicio del juicio. La defensa quedó a cargo del abogado Robert Feitel, quien solicitó tumbar el cargo de conspiración para el lavado de dinero, argumentando que los fiscales no demostraron un vínculo legal suficiente entre los movimientos financieros y el Distrito Este de Virginia.

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