Legisladores provinciales del espacio Generar formalizaron una presentación de 80 páginas para que se investigue el destino de los fondos y las decisiones adoptadas tras la paralización de la obra. El expediente involucra a la administración de Raúl Jalil por la ejecución, rescisión y acuerdo posterior con la empresa contratista.
Una denuncia penal presentada por diputados provinciales reabrió el conflicto por el gasoducto Lavalle-Catamarca, una obra que debía abastecer a más de 120.000 habitantes y quedó inconclusa después de una inversión estimada en casi $6.400 millones.
El expediente vuelve a comprometer políticamente a la administración de Raúl Jalil por la ejecución, la rescisión y el acuerdo posterior con la empresa contratista.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los legisladores Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, del espacio Generar, formalizaron este miércoles una presentación de 80 páginas: unas 30 con la denuncia y otras 50 con documentación.
El escrito busca que se investigue el destino de los fondos, el estado de los materiales y las decisiones adoptadas luego de que la obra quedara paralizada.
La denuncia constituye una acusación de la oposición y no una sentencia ni una prueba de responsabilidad penal del gobernador o de sus funcionarios.
Su peso político, sin embargo, se apoya en antecedentes administrativos reconocidos por la propia Provincia: el contrato fue rescindido, la ejecución quedó muy por debajo del cronograma y el Gobierno cerró después un convenio con la firma MEGA SRL.
El acta de inicio se firmó el 28 de septiembre de 2022 y estableció un plazo de dos años. Para mayo de 2023, el avance previsto superaba el 34 por ciento, pero la medición oficial lo ubicó en apenas 3,90 por ciento.
La administración provincial aplicó entonces una multa de $1.963 millones y terminó rescindiendo el contrato en abril de 2024, decisión ratificada por Jalil al mes siguiente.
El cálculo global difundido para el proyecto incluyó el contrato de obra y la adquisición de cerca de 5.000 caños de 25 centímetros de diámetro y 12 metros de largo, comprados a SIAT-Tenaris por más de $1.800 millones. Esos materiales y el nivel efectivo de ejecución forman parte de los interrogantes planteados por los denunciantes.
MEGA SRL cuestionó la medición del avance, sostuvo que la Provincia mantenía deudas con la empresa y rechazó la sanción. En junio de 2026, el Gobierno llegó a un acuerdo: dejó sin efecto la multa cercana a $2.000 millones, recuperó una parte del anticipo financiero y aceptó devolver garantías por unos $922 millones, además de retirar a la firma del registro de incumplidores.
Por ese convenio, la empresa debía reintegrar $301.267.618,35, cifra surgida de compensar el anticipo recibido con certificados y créditos reconocidos. El acuerdo cerró la controversia administrativa con la contratista, pero no terminó el gasoducto ni borró la diferencia entre el cronograma original y el avance alcanzado.
La nueva presentación judicial apunta precisamente a reconstruir esa secuencia. No habilita a afirmar que existió desvío de fondos, sobreprecio o delito: esas hipótesis deberán ser probadas en el expediente. Lo comprobable es que el proyecto fue contratado, comenzó, quedó rezagado, fue rescindido y derivó en un acuerdo que eliminó una sanción multimillonaria.