El Poder Ejecutivo pondrá en venta en las próximas semanas sus participaciones en dos centrales termoeléctricas y en AySA, con una expectativa de ingresos superior a los US$1.000 millones. Además, prepara nuevas concesiones hidroeléctricas y de gasoductos, y relanzará la venta de Intercargo sin precio base.
El Gobierno argentino lanzará en las próximas semanas una nueva etapa de privatizaciones de empresas estatales, con el objetivo de obtener más de US$1.000 millones antes de fin de año. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, los fondos serán destinados a cubrir vencimientos de deuda hasta 2027.
El primer movimiento será la venta de las participaciones que Energía Argentina (Enarsa) mantiene en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. El Estado posee el 65,006% de la primera y el 68,83% de la segunda. En el mercado se estima que la operación podría generar alrededor de US$600 millones, aunque el precio final se definirá en los procesos competitivos.
Paralelamente, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) prepara una nueva ronda de concesiones de activos energéticos. La agenda incluye cuatro complejos hidroeléctricos cuyos contratos originales vencieron: Futaleufú (Chubut), el sistema Diamante (Mendoza), Río Hondo-Los Quiroga (Tucumán y Santiago del Estero) y los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (Tucumán). En una instancia posterior, se otorgarán concesiones por 30 años para la operación de los grandes gasoductos de Enarsa, entre ellos el Gasoducto Perito Moreno, Mercedes-Cardales, el Gasoducto del Noreste Argentino y el Juana Azurduy.
La venta de AySA, que ya está formalmente en marcha, contempla la transferencia del 90% de las acciones mediante licitación sin precio base. La presentación de ofertas fue trasladada al 15 de septiembre. El Gobierno espera obtener unos US$500 millones por esta operación. El pliego establece compromisos de inversión por US$1.940 millones durante los primeros cinco años y hasta US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
En el caso de Intercargo, el Gobierno relanzará la privatización después de que la primera licitación no recibiera ofertas. El nuevo llamado no tendrá precio base y la empresa llegará a la venta con menor liquidez, ya que el Tesoro retirará parte del efectivo acumulado antes de la transferencia. La compañía contaba con unos US$55 millones en activos corrientes.
Según cálculos de la consultora Econviews, las necesidades financieras del Gobierno para 2027 ascienden a unos US$24.900 millones. El programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, contempla ingresos por US$1.500 millones provenientes de privatizaciones.