El Gobierno nacional dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por violaciones a la Ley 26.659 en el marco de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
A menos de 24 horas del anuncio del presidente Javier Milei en cadena nacional sobre medidas vinculadas al reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno informó el inicio de sanciones a 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por presuntas violaciones a la Ley N° 26.659.
La Oficina del Presidente de la República Argentina publicó en redes sociales un comunicado en el que detalló: “Cancillería ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas”.
El comunicado agregó que “se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que les han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”.
La Oficina del Presidente también señaló que “recientemente la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales” y concluyó: “La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece”.
El proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso contempla modificar la Ley 26.659, vigente desde 2011, para endurecer las sanciones y penas contra empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas. La iniciativa extiende el régimen de penas y prohibiciones a los proveedores de esas compañías, que no podrán contratar en territorio argentino ni con el sector público ni con el privado, y habilita la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda. Además, el régimen se extenderá a otras actividades en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
El segundo eje del proyecto crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El Consejo también establecerá un marco para la protección de infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima del país.
Como tercer punto, el proyecto solicita al Congreso que otorgue a ese Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.