Un recurso presentado por el juez Diego Barroetaveña para ser reelecto en el Consejo de la Magistratura fue desistido, lo que evitó un precedente que los intendentes bonaerenses podrían haber utilizado para impulsar la eliminación de los límites a sus mandatos. El caso quedó suspendido tras una decisión de la Cámara de Apelaciones.
El juez Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, presentó un recurso para ser exceptuado de la prohibición de ocupar un cargo en el Consejo de la Magistratura por más de dos mandatos consecutivos. De haber prosperado, ese fallo habría constituido un antecedente que los intendentes bonaerenses podrían haber utilizado para impulsar la eliminación de los límites a la reelección en sus cargos.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo suspendió, hace dos semanas, el efecto de la respuesta favorable que el juez Enrique Lavié Pico había dado a Barroetaveña. Posteriormente, Barroetaveña desistió de su acción.
El caso se originó en el marco de un proceso en el que el Consejo de la Magistratura, bajo la presidencia de Agustina Díaz Cordero, avaló la reelección de sus autoridades. El kirchnerismo presentó un recurso para que los senadores María Inés Pilatti Vergara, Vanessa Siley, Mariano Recalde y Rodolfo Tailhade pudieran continuar representando al Congreso en el Consejo, en línea con el planteo de Barroetaveña.
Además, los jueces Jimena De La Torre y María Fernanda Vázquez, vocales por los abogados y vinculados al PRO y a la UCR, presentaron recursos similares, pero su conexidad con el caso de Barroetaveña fue rechazada por Lavié Pico.
En otro plano, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, informó el 27 de agosto en su cuenta de X sobre la designación de casi 70 nuevos funcionarios en el Poder Judicial. Ese mismo día, el juez Javier López Biscayart anuló una causa por contrabando contra Salvador “El Tano” Rosselli, exfuncionario del ARCA en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Rosselli había sido desplazado de Ezeiza en enero por el titular del ARCA, Andrés Vázquez, y reemplazado por Nicolás Velis, hijo del director general de Aduanas en esa terminal, José Velis. La causa anulada investigaba el vínculo de Rosselli con la empresa “Art Group”, dedicada al comercio exterior, por presunto ingreso ilegal de teléfonos celulares desde Miami.
López Biscayart, siguiendo la doctrina del fiscal federal Eduardo Taiano, anuló el proceso por haberse originado en una denuncia anónima y por haber sido instruida por un auxiliar fiscal, figura contemplada en el nuevo Código Procesal Penal, cuya aplicación en la Justicia Federal fue prorrogada hasta 2027.
Fuentes judiciales señalaron a Rosselli como parte de una red vinculada al exespía Jaime Stiuso, quien mantiene una alianza con Santiago Caputo, asesor del Gobierno. Stiuso también tendría relación con el juez Marcelo Martínez de Giorgi y con el juez federal N°4, Ariel Lijo.
El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, recientemente designado en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora, fue secretario de Lijo. Mahiques, por su parte, compite con Lijo por la Procuración General.
En la causa contra el exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, acusado de extorsión, el juez Aníbal Pineda, de la Cámara Federal de esa ciudad, instó a la Corte a resolver qué versión del Código Procesal Penal debe aplicarse. Pineda también concedió en menos de dos horas la apelación de los fiscales a la Cámara Federal de Casación.
En el ámbito político, el 27 de agosto se realizó una reunión de intendentes del grupo AFA con Máximo Kirchner en Merlo. Según asistentes, Kirchner evitó referirse a la reelección de intendentes, con la colaboración de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora. Insaurralde propuso ampliar la liga de intendentes con jefes comunales del Interior para negociar candidaturas a la Legislatura bonaerense, junto con Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y Sergio Massa.
Quienes recelan de Insaurralde sostienen que su maniobra busca que los intendentes acepten la eliminación de la cláusula de dos mandatos, proyecto que depende de La Cámpora y el Frente Renovador en la Legislatura. A cambio, Insaurralde pediría un candidato a vicegobernador y conservar sus delegados parlamentarios. La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Insaurralde está a cargo del juez Rodríguez Ponte.