Un informe del IIEP de la UBA-Conicet señala que en 2025 los derechos de exportación representaron el 0,8% del PBI y más de la mitad del superávit primario. Las reducciones se concentraron en productos industriales, mientras que los complejos agroexportadores mantienen los gravámenes.
Las retenciones o derechos de exportación aparecen como uno de los impuestos que el Gobierno busca reducir para mejorar la competitividad exportadora, pero su peso en la recaudación todavía limita el margen para avanzar con una eliminación más profunda. Un trabajo reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet muestra que en 2025 los derechos de exportación aportaron recursos equivalentes al 0,8% del PBI y representaron más de la mitad del superávit primario obtenido durante ese año.
El dato expone una de las tensiones centrales del programa económico. Mientras la Casa Rosada procura aliviar la carga sobre los sectores exportadores, especialmente el agro, necesita preservar ingresos que siguen siendo relevantes para sostener el equilibrio fiscal.
De allí que las últimas rebajas se concentraran principalmente en productos de menor impacto recaudatorio, mientras que buena parte de las posiciones que más aportan a la caja del Estado continúan alcanzadas por el impuesto.
Peso de las retenciones en las cuentas públicas
Según el trabajo, en 2025 la recaudación por derechos de exportación alcanzó el equivalente al 0,8% del Producto Bruto Interno. El número cobra mayor relevancia al compararlo con el resultado de las cuentas públicas: esos ingresos representaron más de la mitad de todo el superávit primario obtenido por el Gobierno durante ese año.
El informe también muestra que la Argentina constituye una excepción a nivel internacional. Sólo cinco países registran una participación de los impuestos a las exportaciones sobre la recaudación total superior a la argentina y apenas ocho países, incluida la Argentina, obtienen más del 1% de sus ingresos públicos a través de este tipo de gravámenes.
Distribución de las rebajas
El punto central de la estrategia oficial aparece en cómo se distribuyeron las rebajas. A través del Decreto 566/2026, el Gobierno eliminó derechos de exportación sobre más de 1.400 productos. De esta manera, la cantidad de posiciones arancelarias gravadas pasó de 3.573 a 2.137 y, una vez concluido el cronograma previsto para julio de 2027, caerá a 1.923.
Sin embargo, el trabajo señala que la reducción se concentró casi por completo en productos industriales. Dentro de la industria, las posiciones sujetas a retenciones bajaron de 1.781 a 351, mientras que en la agroindustria permanecieron alcanzadas las mismas 1.691 posiciones arancelarias.
Eso explica por qué el costo fiscal inmediato de la última eliminación fue reducido: los productos que dejaron de pagar retenciones de manera inmediata habían generado en 2025 ingresos equivalentes a apenas 0,01% del PBI. Los productos incluidos en el esquema de desgravación gradual habían aportado otro 0,12%.
El IIEP señala en el análisis que la recaudación sigue concentrada especialmente en los productos primarios, entre ellos soja, otros cereales y oleaginosas, combustibles y determinados minerales. Son precisamente algunos de los sectores que concentran una porción relevante de las exportaciones argentinas y, por esa misma razón, los que explican la mayor parte de los ingresos por retenciones.
Evolución histórica de la recaudación
La dependencia actual es considerablemente menor que la registrada durante otros períodos de la historia reciente. El relevamiento del IIEP muestra que la recaudación por derechos de exportación llegó a superar el 3% del PBI en 2008 y se mantuvo durante varios años por encima del 2%. Más recientemente, también había superado el 2% en 2021 y rondado ese nivel en 2022.
Desde entonces, el peso fiscal comenzó a disminuir como resultado de la eliminación de derechos sobre distintos productos, la reducción de las alícuotas aplicadas al complejo sojero y la implementación de rebajas transitorias. En 2025, el ingreso cayó hasta 0,8% del PBI. Sin embargo, el informe remarca que ese porcentaje continúa teniendo una incidencia considerable sobre el resultado fiscal.
El IIEP define a los derechos de exportación como un instrumento con un claro sesgo antiexportador y advierte que su utilización es poco habitual en el resto del mundo. Según el análisis, en el agro una parte del gravamen puede recaer sobre la renta de la tierra. Sin embargo, también reduce el precio recibido por la producción, modifica la elección entre vender en el mercado externo o interno y puede afectar los incentivos a producir, particularmente en las zonas de menor productividad.
Proyecciones para 2026
De acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las seis principales cadenas agrícolas (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) aportarían durante 2026 alrededor de US$4.613 millones en derechos de exportación. La cifra sería apenas 1% inferior a los US$4.665 millones registrados en 2025.
El resultado tiene una particularidad: durante todo 2026 están vigentes alícuotas más bajas que las aplicadas anteriormente. Sin embargo, la BCR proyecta que el mayor volumen exportado compensará prácticamente toda la pérdida de recaudación provocada por la reducción de las tasas.
El principal aportante seguirá siendo, por amplio margen, el complejo sojero. La Bolsa de Rosario estima que las exportaciones de poroto, harina, aceite y biodiesel generarán US$3.275 millones, equivalentes a más de dos tercios de todo lo recaudado entre las seis principales cadenas. Le seguirán el maíz, con unos US$754 millones; el trigo, con US$324 millones; el girasol, con US$158 millones; la cebada, con US$79 millones; y el sorgo, con US$22 millones.
La dinámica será muy diferente entre las dos mitades del año. Durante el primer semestre, las principales cadenas agrícolas aportaron US$1.881 millones, un 51% menos que en igual período de 2025. Para la segunda mitad de 2026, en cambio, la BCR proyecta ingresos por US$2.731 millones, más de tres veces lo recaudado entre julio y diciembre del año pasado.
Perspectivas fiscales y límites para nuevas rebajas
El cuadro muestra por qué las reducciones de derechos de exportación plantean un desafío para el programa económico. Por un lado, el Gobierno busca disminuir un impuesto que afecta la competitividad exportadora y que tiene una utilización excepcionalmente elevada en comparación internacional. Por el otro, necesita preservar el superávit fiscal como uno de los principales pilares de su política económica.
La experiencia de 2025 refleja esa tensión con claridad: aun con una recaudación por retenciones considerablemente menor que la registrada una década atrás, los recursos aportados por este impuesto equivalieron a más de la mitad del superávit primario.
Por eso, más que una eliminación generalizada, hasta ahora el camino elegido consistió en concentrar las bajas en aquellos productos con menor aporte fiscal y preservar el gravamen sobre los complejos que generan la mayor parte de la recaudación.
Las proyecciones para 2026 agregan otro elemento: una cosecha y un volumen exportable mayores pueden permitir que el Estado recaude casi lo mismo incluso con tasas más bajas. Pero esa ecuación también revela hasta qué punto la posibilidad de continuar reduciendo las retenciones depende de que el aumento de las exportaciones, la actividad y otros impuestos logren reemplazar los recursos que hoy aporta el comercio exterior.