Estados Unidos anunció sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y el magistrado Abdoulaye Seye, en el marco de la campaña del Gobierno de Donald Trump contra el tribunal.
Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la corte. La medida se enmarca en la campaña del Gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar el tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en un comunicado: “Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” de ese tribunal.
El anuncio está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.
“La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía”, añadió Rubio.
Washington impuso sanciones, que incluyen prohibición de viaje a Estados Unidos y congelamiento de activos en ese país, a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.
Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la institución, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o el suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el Estatuto de Roma, y el Gobierno de Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.
En un comunicado, la CPI reaccionó considerando que esas sanciones “socavan el Estado de derecho”. “Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo”, señaló el tribunal con sede en La Haya. Además, la corte rechazó las presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones “con independencia e imparcialidad” y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.