El juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, intervendrá en el expediente que investiga la compra de una propiedad en Pilar vinculada a un presunto esquema de lavado de activos. La decisión se conoció luego de un conflicto de competencia entre tribunales.
La causa que investiga la compra de una propiedad en Pilar, vinculada a un presunto esquema de lavado de activos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), será tramitada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La definición se produjo tras un conflicto de competencia que derivó en el traslado del expediente desde el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso se originó el 1 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por referentes de la Coalición Cívica, entre ellos Elisa Carrió. El expediente pasó por el juzgado federal de Daniel Rafecas y luego por la Cámara Federal de Casación Penal, que intervino en la disputa por la radicación.
La propiedad está ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, y tiene una superficie de 105.000 metros cuadrados. Incluye una mansión, un haras, un helipuerto y un galpón donde se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. El valor estimado del conjunto es de aproximadamente 21 millones de dólares.
La finca figura a nombre de Real Central SRL, sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. La investigación los señala como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Entre los elementos que sustentan esa hipótesis se encuentra una tarjeta de crédito corporativa de la entidad a nombre de Pantano, utilizada para gastos vinculados a la colección de vehículos.
El juez González Charvay ya intervino en otros expedientes relacionados con la AFA y protagonizó disputas de competencia con juzgados porteños por la concentración de causas vinculadas a la entidad que preside Claudio Tapia. Su designación en este caso genera cuestionamientos sobre su cercanía con el organismo investigado.
En el marco del expediente, la Justicia rechazó el pedido de los abogados de Pantano y Conte, que habían solicitado el traslado a Campana argumentando que la competencia territorial debía definirse por la ubicación del inmueble. El fiscal Mario Villar se opuso a ese planteo y pidió que la causa permaneciera en el fuero porteño, postura que no prosperó.