Organizaciones de derechos civiles y digitales piden transparencia sobre el acceso a los datos de las cámaras Flock Safety, que registran matrículas vehiculares y pueden ser consultados por agencias migratorias sin orden judicial.
Las cámaras Flock Safety, instaladas en más de 120 mil puntos de Estados Unidos, registran matrículas vehiculares y características de los automóviles. Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierten que esta información podría ser utilizada en investigaciones migratorias sin control judicial.
Funcionamiento y datos recopilados
Según informó CNN, Flock Safety comercializa sus herramientas mediante suscripciones para departamentos de policía, empresas y comunidades residenciales. Los lectores automatizados de matrículas (ALPR) fotografían los vehículos que pasan frente a las cámaras y registran la placa, marca, modelo, color y rasgos distintivos. La plataforma incluye herramientas como Condor (captura de video), Nova (búsquedas integradas) y FreeForm (consultas mediante descripciones escritas).
Flock afirmó en un comunicado a 404 Media que sus lectores de matrículas no utilizan reconocimiento facial y que no están diseñados para rastrear peatones. La compañía también asegura que las consultas quedan registradas y que los administradores reciben alertas cuando se introducen términos relacionados con etnia, religión o nacionalidad.
Preocupaciones de organizaciones
La ACLU advierte que la plataforma permite localizar vehículos sin una orden judicial y compartir resultados entre departamentos policiales de distintas partes del país. En mayo de 2026, la ciudad de Dayton, Ohio, suspendió el funcionamiento de sus cámaras y cubrió los dispositivos después de que una revisión interna detectara miles de consultas externas relacionadas con inmigración.
Flock declaró a CNN que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no mantienen contratos directos con la compañía ni cuentan con acceso secreto a su base. Sin embargo, documentos examinados por el senador demócrata Ron Wyden revelaron que Flock habilitó durante 2025 una prueba piloto con organismos federales. La empresa afirmó que el programa estaba orientado a casos de tráfico de personas y fentanilo y que fue cancelado después de que surgieran cuestionamientos sobre su alcance.
La EFF centró su advertencia en las listas de vehículos buscados que se comparan automáticamente con las matrículas captadas. En junio de 2026, la organización informó que una de esas listas, denominada “Immigration Violator”, contiene datos incorporados exclusivamente por el ICE y puede incluir matrículas asociadas con órdenes administrativas emitidas por esa agencia sin revisión judicial.
Auditorías sobre búsquedas migratorias
En 2025, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington analizó registros públicos de departamentos policiales que utilizaban Flock Safety en ese estado. Su informe determinó que al menos ocho agencias locales habilitaron durante 2025 el intercambio directo de sus redes con la Patrulla Fronteriza. Las agencias identificadas fueron la Oficina del Sheriff del condado de Benton y los departamentos de policía de Arlington, Auburn, Lakewood, Richland, Sunnyside, Wenatchee y Yakima.
Los investigadores encontraron además búsquedas de la Patrulla Fronteriza en los registros de al menos diez departamentos que no habían autorizado expresamente el intercambio con esa agencia. Las consultas se realizaron entre mayo y agosto de 2025 y utilizaron motivos como “USBP”, “USBP/HSI”, “immigration”, “investigation” y “targeting”.
El informe no pudo determinar con precisión cómo la Patrulla Fronteriza obtuvo acceso a todas esas redes. Los investigadores plantearon dos posibilidades: un acceso nacional habilitado desde la plataforma o la activación de una función de búsqueda nacional por parte de los departamentos locales.
También documentaron búsquedas efectuadas por policías locales a pedido de organismos migratorios. El 23 de mayo de 2025, por ejemplo, un usuario de la Oficina del Sheriff del condado de Yakima realizó dos consultas y escribió “ICE” como motivo. Esas búsquedas alcanzaron 89 redes a las que el departamento tenía acceso.
A partir de esos hallazgos, el Centro de Derechos Humanos advirtió que todavía existen dudas sobre la capacidad de los usuarios para comprender y controlar quién accede a sus redes. También señaló que los portales de transparencia y los informes de intercambio no siempre mostraban todas las agencias que posteriormente aparecían en los registros de búsquedas.