El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un pronunciamiento en el que expresa su “profunda preocupación” y su “firme rechazo” a declaraciones realizadas por el expresidente Rodrigo Chaves Robles durante un acto oficial en Nicoya, en las que mencionó la posibilidad de una dictadura y el cierre del Poder Judicial.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó un acuerdo en la sesión ordinaria N.° 7010 del 29 de julio de 2026, en el que expresa su “profunda preocupación” y su “firme rechazo” a las declaraciones realizadas por el expresidente Rodrigo Chaves Robles durante el acto oficial del 25 de julio en Nicoya, con motivo del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya. En dichas declaraciones, Chaves planteó ante el público la posibilidad de una dictadura y del cierre del Poder Judicial.
El máximo órgano universitario consideró que ese tipo de afirmaciones adquieren una especial gravedad cuando provienen de una alta autoridad del Estado. Según la UCR, en una democracia consolidada como la costarricense, esas expresiones “no pueden ser consideradas una simple provocación ni un recurso retórico”, debido al peso institucional que tienen las palabras emitidas por quienes ejercen funciones públicas.
El Consejo Universitario recordó que la Constitución Política surgió como un pacto social tras la guerra civil de 1948 para evitar la concentración arbitraria del poder y garantizar un sistema basado en la separación e independencia de los poderes públicos, la supremacía de la ley y la protección de los derechos fundamentales. En ese contexto, citó los artículos 3 y 9 de la Constitución Política, que establecen que nadie puede arrogarse la soberanía nacional y que el Gobierno de la República se ejerce mediante poderes distintos e independientes entre sí.
El pronunciamiento sostiene que “la evidencia histórica es inequívoca: los Estados autoritarios y totalitarios impiden el ejercicio de las más básicas libertades, empezando por la libertad de pensamiento”. Además, argumenta que combatir la corrupción o corregir las deficiencias institucionales no puede hacerse debilitando la democracia, sino mediante reformas que fortalezcan los mecanismos de control, la transparencia y la participación ciudadana.
El Consejo Universitario defendió la autonomía del Poder Judicial y afirmó que contar con un presupuesto sólido ha permitido consolidar una justicia independiente, diferenciando a Costa Rica de otros países de América Latina donde, según indicó, la injerencia política ha debilitado a los tribunales. El documento reconoce que el sistema judicial requiere reformas para mejorar su funcionamiento, pero sostiene que estas deben responder a criterios técnicos y no a intereses políticos que comprometan su independencia.
El acuerdo advierte sobre los riesgos de normalizar discursos que planteen la ruptura del orden constitucional. Según la UCR, las democracias no desaparecen de manera repentina, sino que suelen deteriorarse progresivamente mediante el debilitamiento de las instituciones y la modificación del lenguaje político. “Antes de que las instituciones sean debilitadas, suele transformarse el lenguaje que las protege”, señala el texto.
Como parte de esa reflexión, el Consejo Universitario mencionó antecedentes históricos como la dictadura de los hermanos Tinoco en Costa Rica y diversas experiencias autoritarias en América Latina. La Universidad manifestó su solidaridad con el Poder Judicial y con las personas funcionarias cuya labor consiste en garantizar el acceso a la justicia y la protección del Estado de derecho.
El pronunciamiento aclara que respaldar la independencia judicial no implica eximir al sistema de críticas o de eventuales reformas, sino reconocer que ninguna democracia puede subsistir sin instituciones capaces de controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos del poder público. En esa línea, insistió en que cualquier proceso de modernización del Poder Judicial debe fortalecer sus capacidades sin comprometer su autonomía.
El Consejo Universitario hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que rechace “de forma clara e inequívoca” cualquier manifestación que pueda interpretarse como una legitimación de la ruptura del orden constitucional o del debilitamiento de la separación de poderes. Asimismo, instó a la Presidencia de la República a reafirmar públicamente el compromiso del Gobierno con la Constitución Política, el Estado social y democrático de derecho, la independencia del Poder Judicial y los principios republicanos.
La Universidad de Costa Rica reiteró que su misión legal incluye la formación de una ciudadanía crítica y la defensa de los valores democráticos. El acuerdo concluye con un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto de los discursos emitidos desde el poder político y a preservar los principios constitucionales que han sustentado el sistema democrático costarricense durante más de siete décadas.