Las pequeñas y medianas empresas argentinas enfrentan un escenario de caída de ventas, altas tasas de interés y presión tributaria, mientras el gobierno impulsa beneficios para grandes inversiones. El sector pide una reforma impositiva para aliviar su carga.
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Argentina atraviesan una situación económica marcada por la disminución de la actividad, la apertura de importaciones, el aumento de tarifas y las altas tasas de interés para préstamos. Según indicadores de consultoras, el sector emplea a más del 60% del empleo registrado del país.
En este contexto, representantes del sector reclaman medidas fiscales que permitan aliviar la carga tributaria y competir con productos importados. Entre las propuestas se incluyen una nueva moratoria con quitas de capital, la actualización de los montos no sujetos a retención del impuesto a las ganancias, la posibilidad de computar el 100% del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, y el pago del IVA a 90 días para todas las Pymes.
El gobierno nacional, por su parte, ha impulsado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y actualmente se encuentra en el Congreso el proyecto conocido como Súper RIGI, que beneficiaría a nuevas actividades con una inversión mínima de US$ 1.000 millones. El RIMI, en tanto, exige una inversión mínima de US$ 150.000 en bienes de capital e infraestructura.
En diciembre de 2023, una de las primeras medidas del gobierno actual fue una devaluación del 100%, lo que generó un alto índice de inflación ese mes. El efecto inercial continuó con porcentajes menores pero difíciles de reducir.
El sector Pyme también señala que la recaudación tributaria desciende en valores constantes y que la disminución de la actividad agrava esa tendencia. Por ello, plantean que renunciar a una recaudación en el presente podría incrementarla en el futuro cuando aumente la actividad.
Entre las medidas concretas propuestas se encuentran:
- Una nueva moratoria con quitas de capital adeudado y bajas tasas de financiación, mediante ley.
- Actualización de los montos no sujetos a retención y las tablas del impuesto a las ganancias, que no se actualizan desde 2019, a través de una resolución de ARCA.
- Permitir que todas las Pymes computen el 100% del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios contra el impuesto a las ganancias, mediante ley.
- Pago del IVA a 90 días para todas las Pymes, mediante ley.
- Reconocimiento de la inflación en los impuestos, con un revalúo similar al de 2017.
- Corrección normativa para considerar el ajuste por inflación en la renta de fuente extranjera.
El sector sostiene que la matriz tributaria actual proviene de los años noventa y que se necesita una reforma integral. También advierten que, de no atenderse la situación, las Pymes podrían despedir trabajadores o cerrar, en un año electoral.