El gobierno de Keiko Fujimori impulsa la derogación de la Ley 31143, que establece topes a las tasas de interés, argumentando que genera exclusión financiera y empuja a los ciudadanos hacia prestamistas informales.
El gobierno de Keiko Fujimori ha iniciado el proceso para derogar la Ley 31143, conocida como ‘Ley antiusura’, que desde marzo de 2021 limita las tasas de interés que pueden aplicar bancos, financieras y otras entidades del sistema financiero. La medida, según informó el Ejecutivo, busca eliminar el tope actual para permitir que las entidades crediticias fijen tasas sin restricciones, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito, especialmente para emprendedores.
El gobierno presentó un borrador de decreto supremo que solicitará al Congreso facultades para legislar en diversas materias, entre ellas la derogación de la Ley 31143. En la exposición de motivos, el Ejecutivo sostiene que ‘la Ley 31143 ha generado exclusión financiera y ha producido graves efectos contrarios a los que buscaba’. Según el documento, la norma habría provocado la exclusión de aproximadamente 542.900 clientes del sistema financiero: 218.300 deudores que perdieron acceso a nuevos créditos y 324.600 personas que nunca pudieron ingresar al proceso de bancarización.
El gobierno argumenta que los más afectados son los sectores de menores ingresos, con deudas inferiores a S/3.000 y menos de dos años de historial crediticio. Citando un estudio del Instituto Peruano de Economía, afirma que más de 600.000 hogares urbanos (equivalentes al 9,3% del total) recurrieron a prestamistas informales, expuestos a tasas de interés altísimas y mecanismos de cobranza que pueden ser ilegales.
Como reemplazo, el Ejecutivo propone ‘establecer un marco normativo que perfeccione el acceso a información financiera y la transparencia en la contratación de productos activos por parte de los clientes con las entidades del sistema financiero’, bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
El pedido de facultades legislativas también incluye otras materias como seguridad ciudadana, promoción de emprendedores, simplificación administrativa y reforma tributaria, según el borrador difundido.