El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá dispuso el congelamiento de todos los trámites de créditos fiscales sospechosos de fraude, en el marco de una investigación por irregularidades en el sistema E-Tax 2.0.
Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá ordenaron el congelamiento de los trámites de todos los créditos fiscales bajo sospecha de fraude. La medida se enmarca en una investigación sobre un esquema de creación de créditos fiscales presuntamente fraudulentos dentro del sistema E-Tax, utilizado por la Dirección General de Ingresos (DGI) para la administración tributaria digital del país.
El sistema E-Tax 2.0 es la principal plataforma digital de administración tributaria en Panamá y permite a los contribuyentes realizar declaraciones, pagos, solicitudes de créditos fiscales y otros trámites en línea. La investigación señala que algunas resoluciones generadas dentro de la plataforma validaron créditos fiscales que luego fueron cedidos irregularmente a empresas privadas.
Documentos y auditorías internas de la DGI citados en las investigaciones indican que el fraude pudo haber provocado pérdidas de entre 40 y 80 millones de dólares al Tesoro Nacional. Inicialmente, las autoridades estimaban perjuicios cercanos a los 934 mil dólares, pero auditorías posteriores elevaron las cifras.
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, informó que se ordenó la separación “con efecto inmediato” de todos los funcionarios vinculados a las irregularidades. También solicitó al contralor general una auditoría exhaustiva para identificar fisuras en los controles internos y aclarar responsabilidades.
Desde la semana pasada, 19 personas se encuentran detenidas por este entramado delictivo. El mecanismo descrito por las autoridades consistía en la creación de resoluciones falsas que generaban créditos fiscales ficticios, sin respaldo comercial real. Estos créditos eran transferidos a empresas intermediarias y posteriormente a otras compañías o aseguradoras, que recibían beneficios fiscales y pagos derivados de operaciones aparentemente válidas.
Las investigaciones han puesto el foco en la participación de exfuncionarios y personal activo de la DGI, quienes contaban con acceso privilegiado y conocimiento detallado de los procedimientos internos. “Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios, burló los controles del sistema que heredamos, pero no importa cuándo empezó, nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, declaró Chapman.
El Ministerio Público sostuvo que existen suficientes elementos que demuestran la existencia de un entramado para mover pagos y créditos entre contribuyentes sin la debida autorización. Entre los hallazgos figura que varias empresas recibieron beneficios fiscales millonarios sin cumplir con los requisitos legales. Chapman subrayó que las investigaciones avanzan “con transparencia y respeto al debido proceso” y advirtió que los responsables enfrentarán las consecuencias legales.