Las imágenes de fajos de dólares en una residencia del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, reavivan el debate sobre la transparencia en la función pública. La Justicia investiga el origen del dinero, mientras que desde el ámbito político se cuestiona la falta de condena de sus pares.
Las imágenes difundidas recientemente muestran decenas de fajos de dólares en el supuesto vestidor de una residencia del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. La Justicia deberá determinar el origen de ese dinero, quién es su propietario y si existe responsabilidad penal.
Insaurralde ya había sido objeto de controversia hace tres años, cuando se difundieron fotografías de un viaje en un yate de costo millonario por el Mediterráneo, acompañado de una modelo, mientras ocupaba uno de los cargos más importantes de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, no se produjeron avances de peso en la causa judicial.
Desde el ámbito político, se observa una ausencia de expresiones de condena por parte de quienes compartieron responsabilidades políticas con Insaurralde durante años. No se registran voces que manifiesten sorpresa, indignación o vergüenza. La prudencia o la cobertura política parecen haberse impuesto sobre el deber republicano de preservar la credibilidad de las instituciones.
En las democracias, los partidos suelen apartar a quienes los deshonran para preservar la confianza pública. Sin embargo, en este caso, el instinto de conservación de las estructuras partidarias parece haber prevalecido sobre la obligación moral de dar explicaciones a la sociedad. Ese silencio, según observadores, contribuye a transmitir la impresión de que comportamientos como estos han dejado de producir escándalo dentro de la propia política.
La reacción judicial también genera inquietud. Las garantías procesales son una conquista del Estado de Derecho, pero investigaciones prolongadas pueden generar una percepción social de impunidad que erosiona la confianza pública. Una Justicia que llega demasiado tarde corre el riesgo de dejar de ser plenamente justa a los ojos de la ciudadanía.
La política argentina atraviesa desde hace años una crisis de credibilidad. Algunos analistas sostienen que el ejercicio del poder impone deberes de ejemplaridad que ningún código puede describir completamente. En una República, el poder no solo administra recursos, sino que también transmite ejemplos.