El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) alertó que la norma antisísmica vigente, incluso para edificaciones nuevas, no está diseñada para soportar terremotos de magnitud superior a 8,8, como los que ya ocurrieron en la región.
Lima, 24 de junio de 2026. Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela el 24 de junio generaron preocupación en la comunidad técnica peruana. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advirtió que la norma antisísmica vigente en el país, incluida la aplicada a departamentos nuevos, no está preparada para enfrentar sismos extremos.
Según informó el CIP, el Reglamento Nacional de Edificaciones fue actualizado en mayo de 2026 con la modificación de la Norma Técnica E.030, pero sus estándares se mantienen por debajo de los requeridos en países como Chile o Japón, donde los códigos de construcción sísmica se actualizaron tras cada gran catástrofe.
Fredy Morán, presidente de la comisión de gestión de riesgos y desastres del CIP Lima, declaró a Infobae Perú que “las exigencias actuales no contemplan sismos de magnitud 8,8 o superiores (escenario base), como los que ya han impactado la región”. Morán agregó: “No basta con cumplir la norma si esta no responde al peligro real”.
El CIP señaló que cerca del 80% de la población peruana vive en viviendas autoconstruidas, fuera del control técnico y sin fiscalización profesional. Incluso los edificios recientes, diseñados bajo la normativa oficial, quedarían expuestos ante un sismo de gran magnitud. “Las nuevas torres habitacionales se construyen bajo estándares que no están a la altura de la amenaza sísmica peruana”, afirmó Morán.
De acuerdo con proyecciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) citadas por el CIP, un sismo de magnitud 8,8 en Lima podría dejar al menos 7 millones de personas damnificadas y 2 millones de viviendas afectadas. En caso de tsunami, unas 300.000 personas resultarían perjudicadas en la franja costera. Morán advirtió que la vulnerabilidad es especialmente grave en los acantilados de la Costa Verde, donde la combinación de sismo y tsunami podría causar el colapso de edificios, incluso si estos resisten inicialmente el temblor.
El CIP identificó dos franjas críticas de “silencio sísmico” en territorio peruano: una entre Lima y Chimbote, y otra entre Tacna y Arica (frontera con Chile), donde la acumulación de energía tectónica podría originar sismos de gran magnitud. Morán subrayó que zonas edificadas sobre arenas, rellenos o desmontes, como Villa El Salvador, Chorrillos y los Pantanos de Villa, amplifican el efecto de las ondas sísmicas y aumentan la probabilidad de colapso estructural. Para las zonas costeras como La Punta, San Miguel y Magdalena, la amenaza del tsunami se suma al riesgo sísmico.
Consultado sobre la actualización de la norma E.030, Morán señaló que la normativa peruana carece de enfoque prospectivo y no incorpora parámetros pensados para escenarios extremos. Indicó que la responsabilidad de actualizar y fortalecer la regulación recae en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), pero el proceso suele ser lento y enfrenta limitaciones estructurales. Además, advirtió que la “corrupción” en el sector y la falta de fiscalización desde los tres niveles de Gobierno agravan la vulnerabilidad del país frente a desastres sísmicos.
Por su parte, el arquitecto urbanista Aldo Facho Dede sostuvo para Infobae Perú que el 91% del nuevo suelo urbano en Lima se generó de manera informal y que el 70% de las viviendas totales fueron autoconstruidas, muchas sobre arenas, rellenos, desmontes o suelos blandos que incrementan el riesgo estructural. Facho Dede planteó la necesidad de un sistema nacional de certificación técnica y acceso a créditos para el reforzamiento de viviendas, en coordinación con los colegios profesionales. “La asistencia debe acercarse a las familias para que puedan producir sus viviendas de manera formal con profesionales calificados, pero a un precio accesible”, declaró.