El Tribunal Oral Federal de Rosario absolvió a los productores y al aplicador acusados por fumigaciones en Pergamino, y condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de deberes.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió a los productores Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Grattone y Carlos y Hugo Sabatini, al ingeniero agrónomo y aplicador Cristian Taboada, en el marco de una causa por fumigaciones en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Cruz y Elena Beatriz Dilario.
En cambio, los exfuncionarios municipales Mario Daniel Tocalini y Guillermo Nicolás Naranjo, quienes estuvieron al frente de la Dirección de Ambiente Rural, fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por cuatro años para ejercer cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, deberán realizar tareas comunitarias vinculadas con la salud o la protección ambiental.
Durante la lectura del veredicto, los jueces afirmaron: “Creemos que está debidamente probado que la exposición a los químicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria le provocó daños en la salud de Sabrina Ortiz, su familia y otros vecinos de distintos barrios de Pergamino”. No obstante, señalaron que no se logró demostrar con el grado de certeza que exige el derecho penal quién realizó cada aplicación cuestionada ni la participación concreta de cada acusado.
El tribunal fue crítico con la acusación y sostuvo que “el alegato de la Fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”. Agregaron que “en la medida en que se respete la zona de exclusión, la actividad de fumigar en los campos con productos habilitados no está prohibida”.
La causa se inició en 2018. El fallo también dispuso remitir copia de la sentencia al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para investigar el accionar del entonces intendente de Pergamino y otros funcionarios. Las medidas cautelares dispuestas por el Juzgado Federal de San Nicolás se mantendrán vigentes hasta que la sentencia quede firme.
Los jueces concluyeron que “un juez penal no es un superhéroe que está acá para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo”, y señalaron que la protección del ambiente requiere políticas públicas y decisiones de otros poderes del Estado.