Este jueves se cumplen 20 años del referéndum de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, celebrado el 18 de junio de 2006. La norma fue validada tras negociaciones en el Parlament, modificada en el Congreso y recortada por el Tribunal Constitucional en 2010.
Este jueves se cumplen 20 años del referéndum de reforma del Estatut de autonomía de Cataluña, celebrado el domingo 18 de junio de 2006. La jornada electoral registró un respaldo mayoritario de los catalanes al Estatut, aunque la participación fue menor (2.570.256 votos, el 49,4%) que en el referéndum del Estatut de 1979 (59,3%) y que la media de participación en las elecciones al Parlament desde 1980 hasta la actualidad (62,6%).
El ‘sí’ obtuvo el 73,9% de los apoyos (1.882.533 votos), el ‘no’ el 20,7% (528.745 votos), mientras que el 5,3% votó en blanco (135.982) y el 0,9% fue nulo (22.996 votos).
El proyecto de reforma del Estatut de Sau de 1979 era el principal compromiso del entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y del primer Govern ‘tripartit’ de PSC, ERC e ICV. Tras meses de negociaciones de las tres formaciones y CiU, que lideraba Artur Mas, el llamado Estatut de Miravet recibió la luz verde en el Parlament el 30 de septiembre de 2005. Su nombre se explica porque en esta población de Tarragona se produjeron las principales conversaciones.
La reforma implicaba un avance en soberanía para Cataluña, en ámbitos como la financiación y la gestión tributaria, el poder judicial y las competencias exclusivas. En su primer artículo, rezaba: “Cataluña es una nación”. Estos elementos fueron rebajados en las negociaciones con el PSOE cuando el texto llegó al Congreso, a pesar de las palabras que pronunció en 2003 el entonces jefe de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, que después presidió España entre 2004 y 2011: “Apoyaré la reforma del Estatut de Cataluña que apruebe el Parlament”.
Tras pactarlo Zapatero y Mas en enero de 2006 en la Moncloa, se modificaron cerca de la mitad de los artículos. El concepto ‘nación’ quedó relegado exclusivamente al preámbulo de la norma (declarativo pero no normativo) y se optó por ‘nacionalidad’. En relación a la financiación y gestión tributaria, el primer texto establecía la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña que debía recaudar y gestionar el 100% de los impuestos, lo que finalmente quedó en un consorcio paritario.
Estos cambios hicieron que ERC, que inicialmente formó parte del consenso con CiU, PSC e ICV para la aprobación del primer texto, decidiera pedir el ‘no’ en el referéndum (igual que el PP, pero por motivos contrarios). Esto llevó a que Maragall expulsara del Govern a los consellers republicanos y convocara elecciones anticipadas en otoño de 2006.
Los partidarios del ‘sí’ celebraron los resultados. Maragall sostuvo que con el nuevo marco jurídico en Cataluña podía terminar el “victimismo” y llamó a ERC y al PP a integrarse en el consenso. Zapatero destacó el amplísimo respaldo que, a su juicio, tuvo el proyecto en el referéndum. Mas consideró que a un buen Estatut se le debía sumar un buen Govern, en referencia a la crisis política del ‘tripartit’ y la futura convocatoria electoral. El presidente de ICV, Joan Saura, achacó la falta de participación a las “peleas” entre partidos y la falta de unidad. El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, admitió la derrota del ‘no’ tras desmarcarse del consenso, pero señaló la “tan y tan elevada” abstención. Desde el PP, el entonces presidente del partido y jefe de la oposición, Mariano Rajoy, exigió a Zapatero paralizar su implementación porque dos de cada tres catalanes no habían aprobado el Estatut, teniendo en cuenta la baja participación.
El Estatut entró en vigor el verano de 2006, pero pocos días después del referéndum el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional (TC). La sentencia de julio de 2010 declaró inconstitucionales y anuló varios artículos referentes al catalán, a las instituciones judiciales y a la financiación, entre otros. Dictaminó que otros tantos referidos al concepto de ‘nación’ del preámbulo, sobre educación, competencias exclusivas e inversiones del Estado en Cataluña podían mantenerse, pero interpretados de una forma restrictiva. No prosperó la propuesta de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fuera la última instancia judicial en Cataluña ni de la creación del Consell de Justícia de Cataluña para que sustituyeran, respectivamente, al Tribunal Supremo (TS) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta sentencia marcó políticamente la década siguiente en Cataluña, pues años más tarde se ha considerado la llama que encendió el ‘procés’, y que se inició con la manifestación de 2010 que, bajo el lema ‘Som una nació, nosaltres decidim’, reunió a más de un millón de catalanes en Barcelona.