El abogado Fernando Burlando recorrió los tribunales federales de Comodoro Py para sondear una reparación integral a los inversores afectados por el colapso de la criptomoneda $LIBRA, pero su gestión tropezó con la negativa del fiscal Eduardo Taiano y con limitaciones del Código Penal.
Tras dos movidas fallidas para cerrar el caso $LIBRA en la Argentina, durante las últimas semanas comenzó a gestarse un tercer intento. El abogado Fernando Burlando sondeó si es posible una reparación integral del daño a los inversores afectados y cerrar la causa penal sin condenas, según reconstruyó LA NACION a partir de los testimonios de cinco fuentes oficiales y privadas. Su plan chocó con dos obstáculos: para Hayden Davis no hubo fraude y el presidente Javier Milei y su hermana Karina deberían ser exculpados antes.
Burlando recorrió los tribunales federales de Comodoro Py y sondeó circuitos del poder en busca de una indemnización para los damnificados y cerrar sin condenas la investigación criminal que tiene como denunciados a Javier y Karina Milei, Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros. El fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano, se negó a recibirlo cuando el abogado se presentó en su despacho.
La intentona de Burlando en Comodoro Py ocurrió mientras el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se encontraba de licencia. En la trastienda de los tribunales, el abogado intentó un “scouting”: tantear primero a las partes para llegar después a los imputados con el respaldo de que el resto ya había dicho que sí. La negativa de Taiano a recibirlo desbarató esa estrategia. “Fuimos a consultar al fiscal y ni nos atendió”, admitió Burlando a sus allegados.
La figura jurídica que explora Burlando es la extinción de la acción penal por reparación integral del daño, prevista en el Código Penal. Esa senda choca con una limitación: mientras haya funcionarios públicos imputados en la causa, el Código Penal no permite esa salida. La limitante que impone la legislación es también una condición que el actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, trazó a quienes lo abordaron el año pasado durante una intentona similar: las querellas debían despegar de la causa a Javier y Karina Milei.
A esos obstáculos se suma otro de representación: el expediente penal contempla al menos dos grupos de inversores y el patrocinio de Burlando no es indiscutido entre ellos. “En algún momento lo habían sacado, no sé si lo volvieron a poner”, admitió una fuente oficial.
Del lado de las defensas, la postura de Davis es tajante. Sus abogados reafirman que será difícil probar la configuración de un fraude y que, por tanto, el empresario estadounidense no tendría por qué resarcir a los inversores. Sin esa voluntad, la fórmula de la reparación integral carece de motor real. “Ni siquiera los privados se interesaron. Podría venir Hayden Davis, podría venir Novelli a decir ‘bueno, arreglemos esto’. De parte de ellos, hasta ahora nada”, reconoció Burlando.
Este tercer intento se suma a una secuencia de movimientos fallidos. El primero fue protagonizado por la defensa de Davis, que en junio de 2025 sondeó la posibilidad de depositar cerca de US$100 millones en una cuenta judicial en la Argentina para extinguir la acción penal en su contra. El segundo intento comenzó a tomar forma cuando los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, que representan a más de treinta inversores con pérdidas superiores a los US$4,5 millones, mantuvieron una audiencia de mediación civil con letrados de Novelli, Terrones Godoy y el otrora asesor de la CNV Sergio Morales, que también quedó trunca.
El denominador común de los tres intentos es el problema del “fronting”: nadie quiere asumir formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, ni dar la cara por el dinero a repartir. Una posibilidad que circuló en las conversaciones fue que una plataforma del mercado cripto asumiera ese rol, pero la propuesta generó resistencias por sus riesgos legales y reputacionales.