El fiscal federal Ramiro González impulsó una acción penal tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano; busca determinar si existió un esquema de administración irregular de fondos públicos en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
La Justicia federal comenzó a avanzar sobre un esquema de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). La investigación se inició a partir de una presentación realizada el 3 de junio de 2026 por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó en manos del fiscal federal Ramiro González, titular de la Fiscalía Federal N°7, quien impulsó formalmente la acción penal.
Según informaron fuentes judiciales, González también solicitó un conjunto de medidas de prueba orientadas a reconstruir el funcionamiento interno del organismo y determinar si existió un esquema de administración irregular de fondos públicos.
La pesquisa se desarrolla pocos días después de la detención del ex presidente del ORSNA, Facundo Leal, en una causa vinculada a su paso por ARSAT. Según la denuncia, la estructura de poder que respondía al exfuncionario no solo habría permanecido activa tras su salida, sino que incluso se habría consolidado bajo la conducción de las actuales autoridades del organismo.
Uno de los ejes centrales de la investigación apunta al patrimonio de los principales funcionarios involucrados. El fiscal González solicitó incorporar un informe de Nosis sobre la situación económica y financiera de Facundo Leal, de la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz, de la vicepresidenta Lucila Belén Pagani y de Facundo Gaitán, designado dentro del organismo con funciones de “controller”.
En paralelo, la fiscalía requirió al ORSNA la remisión de los legajos personales de los cuatro funcionarios. La medida busca establecer las condiciones de sus designaciones, los antecedentes profesionales y las escalas salariales percibidas. La denuncia sostiene que durante la actual gestión se habrían producido modificaciones en la estructura administrativa que derivaron en mejoras salariales y en la concentración de funciones estratégicas.
Otro de los puntos bajo análisis es el manejo de las obras financiadas mediante el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA). La presentación judicial describe un esquema de concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de empresas constructoras y menciona específicamente a Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones.
Para reconstruir el circuito de contratación, el fiscal González solicitó al ORSNA que informe la totalidad de las obras adjudicadas a esas firmas desde el 1° de enero de 2025. Además, requirió conocer si los procesos licitatorios, las certificaciones de avance y los pagos efectuados fueron objeto de observaciones, impugnaciones o denuncias administrativas.
La investigación también involucra a los organismos de control. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) fueron requeridas para informar si existen auditorías en curso o antecedentes de irregularidades vinculados con las contrataciones bajo análisis.
La denuncia sostiene que, detrás de la operatoria, existiría un mecanismo de cobro de retornos para habilitar pagos y certificaciones de obra. De acuerdo con los testimonios incorporados, el porcentaje exigido rondaría el 10% del valor de cada trámite.
La fiscalía también busca establecer si existe una conexión entre las prácticas denunciadas en el ORSNA y la gestión que encabezó Facundo Leal en ARSAT. En ese sentido, Ramiro González pidió certificar el objeto procesal de la causa por la que el ex funcionario fue detenido el 27 de mayo de 2026.
Entre ellos figura el desplazamiento de gerentes de carrera y su reemplazo por personas vinculadas al círculo de confianza de Leal. Dentro de ese esquema aparece la figura de Facundo Gaitán, cuya incorporación al organismo como “controller” también quedó bajo análisis judicial.
La investigación se extendió además hacia otros organismos especializados. La Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fueron requeridas para informar si existen antecedentes, denuncias o actuaciones relacionadas con el ORSNA y con las empresas constructoras mencionadas en la presentación.