La Fiscalía General de la Nación trasladó una acusación contra Olmedo López por presunta administración desleal, en el marco de una investigación sobre un préstamo de $300 millones otorgado por la empresa Practimax S. A. en 2018, que podría estar relacionado con la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La Fiscalía trasladó una acusación contra Olmedo López por presunta administración desleal en un caso sobre $300 millones que, según la investigación, habría recibido de la empresa Practimax S. A. en 2018 para un préstamo que terminó bajo indagación por su posible relación con la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El proceso avanza en paralelo a las demás causas que enfrenta el exdirector de la Ungrd, que esta misma semana aceptó cargos por concierto para delinquir y peculado por apropiación en otro expediente sobre corrupción en esa entidad.
La audiencia para resolver la apelación de la defensa quedó programada para el 22 de julio de 2026, de acuerdo con la actuación judicial. En ese trámite, la Fiscalía había solicitado inicialmente que López fuera declarado en contumacia, pero el exfuncionario finalmente compareció acompañado de su abogado.
Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados ocurrieron el 25 de mayo de 2018 en la empresa Comercializadora Practimax S. A., ubicada en La Estrella, Antioquia. Ese día, de acuerdo con el expediente, se habría desembolsado la suma a favor de López dos días antes de la primera vuelta presidencial que definiría al sucesor de Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.
Según la Fiscalía General de la Nación, Fernando Albert Granada Escudero, entonces gerente y socio de Practimax, habría autorizado de manera irregular ese préstamo a favor de Olmedo de Jesús López Martínez, que también era socio y representante legal suplente de la compañía. La conclusión preliminar del ente acusador es que existen elementos materiales probatorios para atribuir a ambos investigados la conducta de administración desleal.
De acuerdo con la Fiscalía, la operación no guardaba relación con el objeto social de la comercializadora y habría causado afectaciones al patrimonio de la empresa y a los demás socios. La hipótesis oficial también incluye una línea de investigación sobre el destino final de los recursos, que habrían sido entregados como préstamo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018.
El Tiempo informó que la denuncia fue presentada por Carlos Mario Zapata Flórez, socio de la compañía y entonces secretario ejecutivo del Polo Democrático en Medellín. Ese diario también reveló que la tesis del fiscal de la Seccional Medellín que trasladó el escrito de acusación sostiene que Granada Escudero “habría autorizado de manera fraudulenta un ‘préstamo’ de $300 millones a favor de Olmedo de Jesús López Martínez, también socio de la empresa”.
La respuesta central de este proceso es esta: la justicia investiga si López recibió recursos de una empresa de la que era socio para fines ajenos a su actividad comercial, y si esa decisión produjo un detrimento patrimonial en Practimax. Por ese hecho, la Fiscalía ya formalizó la acusación en su contra dentro de un procedimiento abreviado.
José Luis Moreno, abogado defensor de López, dijo al medio citado que “es normal que una empresa le pueda hacer préstamos a sus socios. En este caso no hay administración desleal porque el señor Zapata firmó el acta de asamblea en la que se autorizaba al representante legal a realizar este tipo de préstamos. Además, firmó un contrato de transacción notariado, en el que se comprometió a renunciar al ejercicio de la acción penal y vender sus acciones. Pero incumplió el acuerdo a pesar de recibir el dinero acordado en el mismo documento”.
Tras el traslado del escrito de acusación, la defensa interpuso un recurso de apelación contra varias decisiones adoptadas durante la actuación judicial. Ese recurso será resuelto en la audiencia ya fijada para julio de 2026.
López se declaró culpable esta semana de concierto para delinquir y peculado por apropiación en ese caso, obtuvo un principio de oportunidad parcial por otros delitos y, después de que no le aprobaran un preacuerdo, optó por esta decisión para buscar una sentencia anticipada cuyo monto aún no se conoce.