Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), denunció que sus comunicaciones estarían siendo interceptadas ilegalmente por un batallón de inteligencia militar.
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, denunció que estaría siendo objeto de presuntas interceptaciones ilegales por parte de una unidad del Ejército Nacional. Según información divulgada por Blu Radio, Mejía aseguró haber recibido reportes sobre un seguimiento e interceptación no autorizada desde un Batallón de Inteligencia Militar Estratégica (BAIME).
En un mensaje dirigido al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el funcionario señaló: “Señor ministro, me informan que desde un BAIME del Ejército me interceptan ilegalmente. Me dieron la ubicación del BAIME y el nombre del oficial. Me pregunto: ¿Qué los tendrá asustados?”.
La denuncia, de confirmarse, podría constituir una irregularidad en los procedimientos legales de inteligencia. Hasta el momento, el ministro de Defensa no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.
El caso ha reactivado el debate sobre las denominadas “chuzadas”, término utilizado en Colombia para referirse a interceptaciones ilegales de comunicaciones, prácticas que han sido motivo de controversia en distintas administraciones y que suelen asociarse a posibles abusos en el uso de capacidades de inteligencia estatal.
La denuncia se produce en medio de otras controversias recientes en torno a Wilmar Mejía. El senador electo Germán Rodríguez cuestionó su trayectoria en organismos de inteligencia y señaló presuntas inconsistencias en la entrega de reconocimientos militares. Además, el nombre de Mejía ha sido mencionado en investigaciones periodísticas de Caracol Televisión sobre presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales, particularmente con disidencias de las antiguas FARC. Estos elementos están bajo análisis de la Fiscalía y no constituyen una decisión judicial en firme.
Las denuncias sobre las presuntas interceptaciones ilegales permanecen en etapa inicial de verificación, a la espera de un pronunciamiento oficial del Ministerio de Defensa y de las entidades competentes. Por ahora, no se han presentado pruebas públicas adicionales que confirmen o desmientan las afirmaciones del funcionario.