Los beneficiarios de DACA y TPS enfrentan demoras sin precedentes en las renovaciones. Con plazos que superan los cinco meses, se recomienda iniciar el trámite con 120 a 150 días de antelación y monitorear el estado del caso en línea.
La incertidumbre sobre el futuro migratorio afecta cada vez más a quienes dependen de DACA y TPS en Estados Unidos. Frente a demoras sin precedentes en las renovaciones y controles adicionales, es fundamental que los beneficiarios actúen con previsión y conozcan las estrategias para evitar la pérdida de derechos adquiridos.
La primera recomendación es iniciar el proceso de renovación entre 120 y 150 días antes del vencimiento del estatus migratorio. Los tiempos de procesamiento actuales alcanzan los cuatro o cinco meses en muchos casos, por lo que es clave revisar el caso en la página de Estatus de Caso en Línea del USCIS y consultar los Tiempos de Procesamiento oficiales.
Si el expediente supera los plazos habituales, se debe someter una consulta formal a través de la cuenta en línea de USCIS (e-request) o contactar a un agente. En caso de consecuencias graves como pérdida de empleo o riesgo de quedar fuera de estatus, se aconseja contactar a un representante local en el Congreso, que puede interceder ante la agencia migratoria.
Para los beneficiarios de TPS amparados por litigios (como El Salvador o Haití), es crucial verificar extensiones automáticas del permiso de trabajo en el portal oficial del USCIS. Dado el entorno cambiante, recurrir a un abogado certificado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) o a un representante acreditado por el Departamento de Justicia es una medida prudente.
El impacto de las demoras se refleja en el incremento de los tiempos de espera: mientras que antes la renovación de DACA podía resolverse en dos semanas, actualmente supera los cinco meses. Esto se atribuye a nuevos controles de seguridad y verificaciones biométricas. Organizaciones como el National Immigration Law Center han detallado las causas de estos retrasos.
La demora tiene consecuencias inmediatas: al vencer el plazo sin resolución, los beneficiarios pierden su autorización de trabajo y, en muchos casos, la licencia de conducir, lo que crea un limbo legal y los expone al riesgo de deportación. Ejemplos como el de Melani Candia, quien perdió su empleo y teme ser detenida, ilustran el drama humano detrás de las estadísticas.
La respuesta institucional ha sido variada. USCIS justifica los retrasos por revisiones más exhaustivas, política intensificada bajo la administración Trump. Legisladores como el senador Alex Padilla han cuestionado los excesivos tiempos de espera. En los primeros once meses de 2025, más de 250 beneficiarios de DACA fueron arrestados y 86 deportados, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Uno de los factores clave es la reanudación de citas biométricas, suspendidas durante la pandemia, y la paralización de renovaciones para solicitantes de países considerados de “alto riesgo”. Según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, entre 3.000 y 4.000 personas podrían verse afectadas.