La disputa entre el Gobierno y las universidades por el financiamiento escaló al máximo tribunal, que debe resolver una cautelar mientras el Congreso sigue sin avances.
La situación entre el Gobierno y las universidades públicas se intensificó luego de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento establecido por ley. El Ejecutivo mantiene una postura firme, aunque internamente enfrenta tensiones, y el conflicto ahora recae en la Corte Suprema de Justicia, que debe pronunciarse sobre una medida cautelar. Se espera que su decisión sea clave para posibles negociaciones con los rectores, mientras en el Congreso el tema permanece estancado.
En el máximo tribunal, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz han sido señalados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo que algunos interpretan como una estrategia para demorar los tiempos. La Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó formalmente a la Corte que resuelva con celeridad para evitar un agravamiento de la crisis presupuestaria.
La movilización del martes fue masiva y se replicó en varias provincias, como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Jujuy, Resistencia y Corrientes. El Gobierno descalificó la protesta y mantiene su postura de ajuste fiscal para sostener el superávit, mientras desde el oficialismo surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar diálogos con el Consejo Interuniversitario Nacional.
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, reiteró que el límite sigue siendo presupuestario y calificó a la ley de financiamiento como “nacida muerta”. Cualquier avance negociador dependería de la decisión de la Corte, que podría acelerar o postergar los plazos para sentarse a conversar con los rectores.
En el ámbito legislativo, la incertidumbre domina tanto en el oficialismo como en la oposición, incluyendo a los dialoguistas y aliados de La Libertad Avanza. Los gobernadores, afectados por la caída de la coparticipación y otros fondos, observan con preocupación el nuevo ajuste, que podría complicar acuerdos previos como la reforma laboral.
El caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también influye en la agenda del Gobierno, que busca recuperar el control político. La última reunión de la mesa política oficialista reiteró el respaldo a Adorni, aunque sin la presencia de Santiago Caputo, y se mencionaron iniciativas para reactivar el Congreso, aunque sin avances concretos en el tema universitario.