Un nuevo informe de la Unesco revela que la mitad de los países ya regula el uso de celulares en las escuelas, aunque advierte que aún no hay pruebas concluyentes sobre su efecto en el rendimiento académico.
Hasta hace muy poco, el debate sobre los celulares en las aulas parecía limitado a discusiones domésticas: padres preocupados por las distracciones, docentes frustrados por las pantallas encendidas y adolescentes convencidos de que podían estudiar mientras respondían mensajes. Pero en apenas tres años, la discusión dio un vuelco a nivel mundial.
Según datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 2023 solo uno de cada cuatro países tenía regulaciones sobre el uso de celulares en las escuelas. “Hoy, la proporción ya es de uno cada dos. Y muchos de los países que todavía no avanzaron con leyes específicas, están trabajando en ellas”, explicó Zelmira May, representante del programa Educación de Unesco en el Cono Sur, durante la presentación del estudio “¿Celular en las escuelas? Un tema en la agenda pública de América Latina”.
El informe recopiló y comparó información de 12 países de la región sobre el abordaje de este tema, a partir de datos oficiales presentados por los gobiernos. Argentina se encuentra entre los países que no cuentan con regulaciones nacionales sino provinciales: en diez provincias y en la ciudad de Buenos Aires se promulgaron leyes sobre la regulación de celulares en las aulas. En algunos casos, la ley se refiere únicamente a los teléfonos móviles; en otros incluye otras tecnologías, mientras que en algunas provincias se excluye a los celulares no solo de las clases, sino también del recreo y de todo el horario escolar.
Según explicó Roxana Morduchowicz, autora del trabajo y consultora principal de Unesco en ciudadanía digital, el crecimiento de estas políticas a nivel regional refleja una preocupación cada vez más extendida: entre los argumentos más utilizados se menciona el deterioro de la atención, el impacto sobre la convivencia escolar, el cyberbullying, la salud mental y la dificultad de las escuelas para competir con dispositivos diseñados para capturar la concentración de manera permanente.
Sin embargo, el informe de Unesco advierte que todavía no existen evidencias concluyentes de que limitar el uso de celulares hasta ahora haya mejorado significativamente el rendimiento académico. Y plantea que el gran desafío por delante sigue siendo otro: cómo formar a los chicos como ciudadanos digitales, tanto dentro como fuera del aula.
El estudio fue realizado junto a funcionarios y equipos técnicos de ministerios de Educación y Comunicación de 12 países de la región, que integran el programa “Ciudadanía Digital como Política Pública en Educación en América Latina”, de la Unesco. Postula la necesidad de consultar, escuchar e incluir la opinión de los estudiantes en las legislaciones, algo que ningún país hizo antes de restringir el uso.
El informe identifica dos grandes modelos de regulación a nivel internacional. Por un lado, la prohibición: una veda total del uso de celulares durante toda la jornada escolar. Es el modelo predominante en buena parte de Europa, como en Francia. Por otro lado, está el modelo que adoptan la mayoría de los países en América Latina: la restricción, una limitación parcial que permite el uso bajo determinadas condiciones o con autorización docente.
“En Europa pueden prohibir los celulares porque prácticamente todas las escuelas cuentan con computadoras y tablets. En muchos países latinoamericanos el celular sigue siendo la única tecnología disponible”, explicó Morduchowicz.
Francia fue pionera en 2018 al prohibir el uso de celulares para menores de 15 años. En 2025 endureció aún más la regulación y dispuso que los estudiantes dejen los dispositivos guardados en lockers. En América Latina, a marzo de 2026, solo cuatro países cuentan con leyes nacionales específicas: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. En otros casos existen regulaciones provinciales o disposiciones ministeriales, como ocurre en Argentina, Ecuador y El Salvador.
Las diferencias también aparecen según el nivel educativo. Paraguay y Ecuador, por ejemplo, limitan la regulación exclusivamente a los estudiantes de primaria. El motivo es práctico: muchas escuelas secundarias solo cuentan con el celular de los alumnos como herramienta tecnológica para trabajar. Algo similar ocurrió en Mendoza, donde la provincia intentó avanzar inicialmente con una prohibición similar a la europea, pero tuvo que retroceder cuando advirtió que en muchas aulas el teléfono era la única posibilidad real de acceder a recursos digitales.
En casi todos los países, las normas incluyen excepciones: cuestiones de salud, necesidades especiales, emergencias, pedidos de las familias o actividades pedagógicas. Esto es algo que no se contempla en Europa, indicó el informe.
El documento también analizó los argumentos usados por los países que impulsaron legislaciones restrictivas. Los motivos se repiten: el primero es la distracción. Docentes y especialistas describen aulas atrapadas por las pantallas, lo que impulsa a los gobiernos a buscar soluciones.