Una auditoría oficial detectó que el 76% de los permisos estaban vencidos, el 11% correspondía a titulares fallecidos y el 13% eran falsos o sin registro.
El tema de los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad se había convertido en un motivo recurrente de conversación entre vecinos de barrios populosos de la Ciudad de Buenos Aires. La creciente cantidad de lugares señalizados en amarillo, acompañados de postes con el número de patente del vehículo autorizado, generaba dudas entre los ciudadanos. En algunos casos se llegaron a detectar hasta cuatro espacios de este tipo por cuadra.
Ante esta situación, el gobierno porteño realizó una auditoría que concluyó con la anulación de casi 300 espacios de uso público. Los datos oficiales revelaron que el 76% de los permisos estaban vencidos, el 11% de los titulares había fallecido y el 13% restante eran falsos o no contaban con registro de existencia. De esta manera, las sospechas de los vecinos sobre un posible mal uso del espacio público quedaron confirmadas.
Las autoridades reconocieron que los controles no se realizaban con la periodicidad necesaria, lo que permitió que estos espacios fueran utilizados de manera indebida. Tras la depuración, se reforzaron los requisitos para obtener el beneficio: las personas con discapacidad o quienes las transporten deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, la licencia de conducir expedida por la Ciudad, libre deuda de patentes, y acreditar el vínculo mediante partida de nacimiento, acta de matrimonio o certificado de convivencia. Además, en caso de ser el conductor quien no tiene discapacidad, debe contar con el mismo domicilio en el DNI que la persona beneficiaria.
La medida apunta a garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente corresponden, ordenar el espacio público y asegurar el cumplimiento de las normas establecidas.