El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos incorporó herramientas de reconocimiento facial, huellas digitales y monitoreo de actividad en plataformas sociales para fortalecer sus operativos, según un informe de The Wall Street Journal.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha ampliado su sistema de vigilancia migratoria mediante la integración de herramientas biométricas como reconocimiento facial y huellas digitales en operativos cotidianos. Según informó The Wall Street Journal, esta red incluye datos comerciales de ubicación captados por cámaras situadas en patrullas, puentes y estacionamientos privados.
La herramienta permite a los agentes federales establecer patrones de conducta y localizar domicilios de personas bajo investigación, reduciendo en algunos casos la necesidad de vigilancia física constante. La integración de estos datos facilita la identificación de vehículos asociados con individuos que tienen órdenes de deportación pendientes o antecedentes penales.
El programa Alternatives to Detention (ATD) ahora depende de la aplicación SmartLink, que exige que los usuarios se tomen fotografías para validar su identidad mediante algoritmos de comparación facial. La recolección de huellas dactilares y otros rasgos físicos alimenta una base de datos centralizada que se comparte entre distintas ramas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Además, los agentes analizan la actividad en plataformas sociales para verificar vínculos familiares, laborales o posibles riesgos a la seguridad pública. El ICE también accede a registros de servicios públicos, como facturas de agua o electricidad, para confirmar paraderos exactos en estados que limitan la cooperación directa con las autoridades migratorias.
El informe señala que el ICE destina millones de dólares anualmente en contratos con empresas tecnológicas como Palantir Technologies, para análisis geoespacial y cruce de datos, y Cellebrite, para extracción forense de teléfonos. Estas herramientas permiten procesar información de fuentes públicas y privadas para generar alertas automáticas cuando un objetivo detectado por el sistema interactúa con cualquier servicio.
Las cifras presentadas indican que el gasto en servicios de vigilancia basada en la nube y licencias de software especializado aumentó sustancialmente en el último trienio, con aproximadamente 2.800 millones de dólares en contratos con empresas de tecnología y datos. El ICE justifica este presupuesto argumentando que son un método más humano y eficiente de control frente a los centros de detención física, que presentan costos operativos superiores.
El reportaje también documenta que estas capacidades incluyen datos de ciudadanos estadounidenses, no solo de personas sin estatus migratorio legal. Casos legales en curso señalan el uso de datos personales en investigaciones sin órdenes judiciales claras, lo que ha derivado en demandas por posibles violaciones constitucionales.