El Ministerio de Salud actualizó las normas del Sistema Nacional de Sangre. La nueva resolución elimina la donación por reposición, prohíbe condicionar cirugías a la presentación de donantes y actualiza los criterios de selección basados en conductas individuales.
El Ministerio de Salud publicó la resolución N° 536/2026, que moderniza el Sistema Nacional de Sangre en Argentina. La medida reemplaza el modelo de donación por reposición —vinculado a un paciente específico— por un sistema de donación 100% voluntaria y habitual.
Según el comunicado oficial, queda prohibido condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares. Las donaciones dirigidas a un paciente concreto solo se permitirán cuando exista una justificación terapéutica.
La normativa también actualiza los criterios de selección de donantes: se elimina la exclusión de grupos poblacionales enteros considerados de riesgo y se evalúan únicamente las conductas individuales (como prácticas sexuales específicas o uso de drogas) y la evidencia científica. Asimismo, se elimina el ayuno previo y se recomienda beber al menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción.
Se establecen nuevos tiempos de espera: se difiere la donación por seis meses para quienes hayan tenido una nueva pareja sexual o más de una en los últimos tres meses y hayan tenido relaciones sexuales anales, hayan utilizado profilaxis de preexposición o postexposición, se hayan realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos, o hayan permanecido en instituciones penales por más de 72 horas.
La resolución busca consolidar un modelo de red integrada de sangre, con procesos coordinados y trazabilidad. Para ello, fortalece los Centros Regionales de Hemoterapia y dispone la desactivación progresiva de los Bancos de Sangre Intrahospitalarios. Además, incorpora lineamientos para el procesamiento de terapias celulares y componentes especiales como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO).
La medida entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Las instituciones tendrán un plazo máximo de dos años para implementar los cambios tecnológicos y estructurales requeridos.