El índice de actividad del mercado inmobiliario rural (InCAIR) bajó a 40,82 puntos en marzo, con una reducción de 1,73 puntos respecto a febrero y de 8,41 frente a diciembre de 2025. La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) señala como causas la escasa oferta, la incertidumbre política y la cautela de los inversores.
El índice de actividad del mercado inmobiliario rural (InCAIR), elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), se ubicó en marzo en 40,82 puntos, lo que representa una baja de 1,73 puntos frente a febrero y de 8,41 puntos respecto al cierre de 2025. Según la entidad, el menor dinamismo responde a una escasa oferta de campos, expectativas sobre el rumbo político y económico, y cautela de los inversores.
En paralelo, el contexto internacional, con subas en insumos como combustibles y fertilizantes, también incidió en la toma de decisiones. El Gobierno avanza con cambios en la ley de tierras rurales que podrían flexibilizar los límites a la propiedad extranjera, con el objetivo de atraer inversiones. La iniciativa forma parte de una agenda más amplia de desregulación.
El presidente de la CAIR, Lucas Palma, explicó que la compra de tierra es una inversión sujeta a vaivenes políticos. “Hay poca oferta de campos agrícolas, en consecuencia hay pocas operaciones y el índice baja”, precisó. Además, señaló que la oferta limitada está vinculada al clima político y a expectativas de precios: “Si llegan a sacar las retenciones, los valores de los campos van a ser de mayor valor. Entonces, quien puede, no lo vende”.
Palma destacó que hoy predominan ventas asociadas a sucesiones familiares, mientras que la renta agrícola y ganadera se mantiene en niveles favorables. Sobre los valores, describió un mercado “firme, sostenido”, aunque con diferencias entre segmentos. “El campo ganadero está retrasado, pero como es una inversión a largo plazo necesita mayor tiempo de seguridad política”, afirmó.
En cuanto al comportamiento de los inversores, remarcó: “Lo que el inversor no quiere es incertidumbre política. No quiere invertir hoy para volver al pasado”. Bajo ese escenario, anticipó que la actividad continuará, aunque con menor volumen. También apuntó a factores estructurales como la carga impositiva sobre la venta de vientres, que grava con el 35% la plusvalía.
En comparación con la región, mencionó que Brasil construye la planta de celulosa más grande del mundo (US$4500 millones), Uruguay avanza con su cuarta planta papelera (US$4000 millones) y Paraguay proyecta inversiones forestales por US$2000 millones. Argentina recién comienza a mostrar señales con un proyecto de US$2000 millones para una planta de celulosa en Corrientes, a cargo de Arpulp SA.