La administración nacional enfrenta un plazo perentorio para transferir fondos a las casas de estudio, tras una serie de fallos judiciales que ordenan el pago. La Jefatura de Gabinete busca alternativas para cumplir con la medida sin afectar las metas fiscales.
El Gobierno nacional tiene un plazo de menos de 24 horas para ejecutar el pago de 2,5 billones de pesos a las universidades nacionales, según lo ordenado por la justicia. El desembolso, que corresponde a partidas presupuestarias congeladas, debe realizarse este jueves para evitar una situación de desacato.
La obligación surge tras una derrota judicial del Ejecutivo en distintas instancias, que rechazaron los recursos presentados para suspender la transferencia. El último recurso extraordinario ante la Corte Suprema es considerado por analistas como de difícil éxito.
El conflicto se centra en el financiamiento universitario, una de las pocas áreas educativas que aún administra directamente el Estado nacional. Los fondos están destinados a la recomposición salarial del personal docente y no docente, y a la actualización de programas de becas, con retroactividad a diciembre de 2023.
Según informes del sector académico, los salarios del sector acumularon una pérdida del poder adquisitivo estimada en un 32% en el último año y medio, frente a la inflación. Las transferencias a las universidades también habrían registrado una caída real superior al 45%.
Desde la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, se evalúan esquemas de pago dosificados para cumplir con el mandato judicial sin realizar un desembolso único de gran magnitud. El objetivo técnico es no afectar la meta de superávit fiscal.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) remarcó que la situación financiera de las universidades es insostenible y que el cumplimiento de la cautelar judicial es ineludible. Ante el escenario, no se descarta la posibilidad de que el Gobierno convoque a paritarias de emergencia.