Este martes se realizará la audiencia de control de detención contra los dos sospechosos. El fiscal presentará pruebas para sostener la prisión preventiva por el delito de homicidio agravado.
Los tribunales penales del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia, Chubut, serán escenario esta mañana de la audiencia de control de detención contra Mariela Altamirano y Michel Kevin González. Ambos están detenidos desde el domingo como presuntos responsables de la muerte de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años que falleció la semana pasada tras sufrir una descompensación, aparentemente producto de golpes.
El fiscal general Facundo Oribones y el fiscal jefe Cristian Olazábal presentarán el caso y las pruebas para solicitar la prisión preventiva de los imputados ante el juez penal Alejandro Solís. En la audiencia, quedarán formalmente acusados por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que tiene como pena la prisión perpetua.
Luis López, padre del niño, se manifestó a la salida de los tribunales acompañado por su abogado, Roberto Castillo. “Vamos a ir por todo, como siempre. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los culpables tendrán que pagar”, declaró.
El letrado de la querella adelantó que la ofensiva legal incluirá un pedido de juicio político contra el juez de Familia Pablo Pérez, quien firmó el fallo que ordenó la revinculación de Ángel con su madre. También se presentarán denuncias penales contra las psicólogas y demás profesionales del equipo técnico interdisciplinario que participaron del expediente civil y respaldaron los argumentos para que la madre biológica obtuviera la guarda del niño.
El abogado Castillo afirmó que existe abundante prueba para sustentar la acusación, refiriéndose, entre otros elementos, a una entrevista que la mujer dio a un medio local. El fiscal Olazábal confirmó que, a partir del informe preliminar de la autopsia y de testimonios, se consolidó “una hipótesis más firme sobre lo ocurrido”. El informe preliminar de la necropsia describió lesiones compatibles con lo que se definió como “síndrome del niño maltratado”, incluyendo la detección de 22 traumatismos internos en la cabeza del menor.
Por otra parte, el abogado de la querella denunció públicamente que “están sufriendo amenazas los testigos del barrio donde vivían los homicidas”. Castillo consideró que los imputados “son un riesgo” y que se debe dictar la prisión preventiva.