La medida municipal para prevenir delitos genera dudas entre residentes, quienes advierten sobre posibles complicaciones en la circulación y la efectividad del sistema.
La instalación de portones como parte de un plan de seguridad en sectores de Villa Allende, específicamente en Lomas Sur, ha comenzado a generar un debate entre los vecinos. Mientras el municipio impulsa la iniciativa como una estrategia preventiva, un grupo de residentes agrupados en ‘Vecinos Autoconvocados’ expresa sus preocupaciones.
Inés León Barreto, integrante de la agrupación, señaló que la reacción de los vecinos se intensificó al ver las obras en la vía pública. “Los vecinos se encontraron con el pozo en la puerta de su casa. Cuando esté rebatido el portón no va a poder sacar el auto. Son cosas que nosotros ya habíamos planteado que iban a generar inconvenientes”, afirmó.
El proyecto contempla el cierre de calles entre las 22 y las 6 de la mañana. Según León Barreto, esto genera preocupación entre quienes trabajan en horarios nocturnos, estudiantes universitarios o trabajadores de la salud con horarios rotativos, ya que podrían tener que realizar recorridos más largos para acceder a sus viviendas.
Desde la agrupación vecinal también manifestaron que aún no está claro cómo funcionará el sistema operativamente. “No está definido quién abre y quién cierra los portones, ni cómo se resolverán situaciones cotidianas. Son preguntas que los vecinos venimos haciendo desde hace más de un año y que todavía no tienen respuesta”, explicó.
Además, cuestionaron la efectividad de la medida. Argumentan que los portones, de aproximadamente dos metros de altura, podrían no impedir el accionar delictivo y, en cambio, generar una sensación de encierro dentro del propio barrio. “Vamos a quedar encerrados dentro de varias manzanas. Y también nos preguntamos si dentro de ese perímetro no puede haber personas que cometan delitos”, planteó León Barreto.
Otro punto de preocupación es el impacto en el transporte público y la circulación general. El cierre de calles podría obligar a modificar recorridos de colectivos, afectando a trabajadores que dependen de este servicio en horarios tempranos o tardíos.
Finalmente, se cuestionó la decisión de definir sectores específicos como zonas prioritarias de inseguridad, un enfoque que, según los vecinos, genera debate al suponer que los delitos son cometidos principalmente por personas ajenas al barrio.