Un jurado en Nuevo México determinó que la empresa de Mark Zuckerberg no garantizó la seguridad de adolescentes en sus plataformas, en un fallo que sienta un precedente sobre la responsabilidad de las redes sociales.
Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, deberá pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles tras un fallo de un tribunal del estado de Nuevo México. Un jurado determinó que la compañía incumplió la legislación local de protección al consumidor al no garantizar la seguridad adecuada para los usuarios menores de edad.
El veredicto, alcanzado después de un juicio de seis semanas, concluyó que Meta implementó prácticas engañosas respecto a las condiciones de seguridad ofrecidas. La acusación argumentó que los sistemas de recomendación y algoritmos de la plataforma facilitaron la exposición de adolescentes a contactos con adultos desconocidos, a pesar de advertencias internas sobre estos riesgos.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó el fallo como un precedente clave. “Este caso sienta las bases para que otras jurisdicciones actúen contra prácticas que ponen en riesgo a los menores”, afirmó. La sanción, aunque considerable, es menor a los 2.000 millones de dólares que había solicitado inicialmente el Estado.
Durante el proceso, que incluyó la declaración de más de 40 testigos y la presentación de documentos internos de la empresa, la fiscalía sostuvo que los algoritmos de Meta priorizaban el engagement sobre la seguridad. El jurado no consideró suficientes los argumentos de la defensa, que alegó dificultades técnicas en la detección de conductas delictivas.
Meta rechazó el veredicto y confirmó que apelará la sentencia. La compañía sostiene que cuenta con herramientas para proteger a los usuarios, detectar contenido perjudicial y bloquear cuentas sospechosas.
El proceso judicial tendrá una segunda fase en mayo, donde la fiscalía buscará que el tribunal ordene cambios obligatorios en el diseño y funcionamiento de las plataformas, lo que podría alterar significativamente servicios como Facebook e Instagram.
Este caso se enmarca en una ola de litigios en Estados Unidos que cuestionan el impacto de las redes sociales en los menores, analizando desde la exposición a contenidos perjudiciales hasta la generación de dinámicas consideradas adictivas.