El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestiona la modificación de la norma, argumentando que es regresiva, debilita la protección ambiental y transferiría poder a las provincias, lo que generaría una “competencia” por los recursos.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se manifestó en contra de la reforma a la Ley de Glaciares que se debatirá en la Cámara de Diputados. Según el legislador, de convertirse en ley, la modificación sería judicializada por considerarla inconstitucional, al vulnerar los presupuestos mínimos de protección ambiental.
Ferraro fundamentó su rechazo en tres ejes principales. En primer lugar, afirmó que la reforma implica una modificación encubierta del artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la necesidad de leyes de presupuestos mínimos para el cuidado del ambiente. En segundo término, desestimó el argumento de que la ley vigente frena el desarrollo minero, citando datos que muestran un crecimiento de las inversiones del sector desde su sanción. Por último, cuestionó que el texto “pareciera estar claramente redactado por el regulado”, en referencia a empresas mineras.
Uno de los puntos más criticados por el diputado es el artículo 3 bis, que introduce un principio precautorio condicional. Este establece que el ambiente glaciar y periglaciar estarán protegidos “hasta que” las autoridades determinen que no son reservas hídricas estratégicas. Ferraro sostuvo que esto debilita la institucionalidad científica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientes (IANIGLA), al transferir la autoridad de aplicación a las provincias.
“Ahora las autoridades de aplicación serán las provincias, que podrán determinar qué áreas tienen relevancia hídrica”, explicó. Esto, a su juicio, genera interrogantes sobre quién realizará los estudios de impacto ambiental y rompe la uniformidad de criterios, pudiendo derivar en un “dumping ambiental” donde las provincias compitan por flexibilizar las protecciones.
Respecto al argumento de los impulsores de la reforma sobre la necesidad de mayor seguridad jurídica y reafirmación del dominio provincial sobre los recursos naturales (art. 124 CN), Ferraro respondió que dicho dominio no solo incluye minerales, sino también los recursos hídricos que comprometen a múltiples jurisdicciones, un punto que considera débil en el proyecto.
“Si les preocupa la seguridad jurídica, ¿por qué no se fortalece el IANIGla?”, preguntó, criticando que el Estado nacional se retire del financiamiento del inventario glaciar y deje la última palabra en los gobernadores.