Un análisis de los indicadores económicos de 1982 muestra un escenario de alta inflación, recesión industrial y déficit fiscal en el que se desarrolló el conflicto bélico.
La Guerra de Malvinas se inició el 2 de abril de 1982 en un contexto de profunda crisis económica en Argentina. Según datos del Banco Central y registros de la época, el país enfrentaba alta inflación, déficit fiscal, caída industrial y tensiones financieras. El conflicto bélico aceleró el descontrol de precios y el aumento del gasto público, profundizando la inestabilidad económica.
En los días previos al conflicto con el Reino Unido, el déficit fiscal era significativo y la inflación anual alcanzaba el 209,7% en precios al consumidor. En 1982, los precios al consumidor aumentaron un 256,2%, mientras que los mayoristas se dispararon un 311,3%. Este escenario estuvo impulsado por cambios en la política cambiaria y tensiones monetarias.
La actividad industrial evidenciaba una fuerte caída. Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (AIMRA), en 1981 hubo retrocesos pronunciados en despachos de maquinaria vial (-88%) y agrícola (-74%), motores a combustión interna (-72%) y venta de bienes durables. La industria manufacturera se había desplomado un 16% en 1981 y cayó otro 4,8% en 1982.
Este panorama generó una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Mientras el salario nominal industrial pasó de 8.984,8 en 1981 a 21.286,3 en 1982, el salario real cayó de 106,4 a 91,2, reflejando el deterioro del ingreso frente a la inflación.
La historiadora Catalina Cabana relativizó el peso de la economía en la toma de decisiones del gobierno militar, poniendo el foco en la crisis política. “La economía era como siempre una variable, pero no era lo que estaba complicando más al gobierno. No es que toman la decisión de la guerra por una cuestión económica”, explicó. Cabana remarcó el clima social previo al 2 de abril, atravesado por movilización sindical y deterioro del empleo industrial.
Por su parte, el historiador de la UBA, Sergio Wischñevsky, vinculó el deterioro económico con la conflictividad social creciente. “Había una lluvia de importaciones que derivó en el cierre masivo de industrias y una enorme desocupación”, afirmó, al tiempo que advirtió que “la dictadura ya no logró tener un plan económico que le diera estabilidad y la inflación se había disparado”.
En ese clima, la movilización del 30 de marzo de 1982, convocada por la CGT, marcó un punto de quiebre en la relación entre la dictadura y la sociedad, evidenciando un fuerte rechazo social.