Reforma a la Ley de Glaciares: los intereses provinciales destrabaron una esforzada media sanción en el Senado

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Luego de aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el oficialismo consiguió la media sanción en el Senado de la reforma de la actual Ley de Glaciares, que reestablece presupuestos mínimos para la protección del ambiente periglacial y que cada provincia pueda adecuar su legislación para ampliar las áreas de explotación minera. La votación general, que finalizó 40 a favor y 31 en contra (1 abstención), estuvo atravesada por intereses locales que, ya sea desde una perspectiva de ambiental o bajo la influencia de inversiones mineras potenciales, se sobrepusieron a las posturas de los partidos.

Entre los respaldos al proyecto, además de la totalidad de La Libertad Avanza, estuvo la mayoría de la UCR (con excepción del bonaerense Abad) y un importante número del flamante interbloque Impulso País (menos la cordobesa Vigo, las chubutenses Terenzi y Cristina y la pampeana Huala). Incluso una parte del peronismo acompañó el proyecto: dentro de las representaciones de las gobernaciones estuvo la jujeña Moisés, la tucumana Mendoza y el catamarqueño Andrada, mientras que del bloque mayoritario Justicialista el sanjuanino Uñac y la catamarqueña Corpacci votaron a favor de la iniciativa. La neuquina Corroza fue la única abstención, mientras que los oficialistas santacruceños siguen siéndoles esquivos al Gobierno nacional y votaron en contra.

Para el impulso del proyecto, el Gobierno argumentó en su dictamen “las dificultades que enfrentan los operadores jurídicos y económicos, del ámbito público y privado, a la hora de interpretar el verdadero alcance de las disposiciones” de la Ley 26.639 vigente y promueve que “las limitaciones a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales deban ser excepcionales”. En el debate en el recinto, los senadores libertarios reiteraron que la reforma fomenta a la inversión en las provincias e incluso el fueguino Agustín Coto definió como “un proyecto de chetos” a la legislación sancionada en el 2010. En ese marco, se habla de que hay cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que podrían aportar u$s30.000 millones, si se aprueba la ley.

Además de criticar que la redacción final se conoció a la hora de la votación imposibilitando su análisis exhaustivo, las observaciones opositoras se expresaron en alerta por el efecto que podría provocar la explotación minera en una provincia sobre el acceso hídrico en otra; por la libertad efectiva de fiscalización de las autoridades locales para determinar qué geoformas integrarán el ING; y por la inestabilidad jurídica que puede provocar los distintos criterios distritales al determinar sobre lo que se puede explotar.

“Con la nueva redacción, el criterio para que el glaciar pueda ser excluido del ING se vuelve más exigente. Ya no alcanza con la ausencia de una función aislada, sino que debe comprobarse que el glaciar no cumple con las funciones que justifican su protección”, anticipó para Ámbito una de las senadoras de provincias aliadas vinculadas en las observaciones al proyecto oficialista. “El principal escollo es en relación a las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras. Se están evaluando alternativas para dirimir esas cuestiones”, aseguraron desde la UCR.

En la previa a la sesión, un grupo de activistas ambientales irrumpió en el Congreso, saltaron las rejas e ingresaron a la explanada del Palacio, en protesta contra la Ley de Glaciares. La policía intervino y detuvo a los manifestantes que se presentaron con pancartas y consignas en defensa del medio ambiente.

Ley de Glaciares: qué dice la reforma

El camino de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar tiene dos décadas e incluso tuvo un veto en el 2008, por parte de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dos años después se sancionó y logró su reglamentación en febrero del 2011, estableciendo que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) se convierta en el ente investigador para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares (ING), que fue aprobado en el 2018.

La propuesta se trata de una ley aclaratoria a la ya existente, por lo que precisa un concepto central: modifica en la ley la definición de “reservas hídricas existentes” por “reservas estratégicas de recursos hídricos”. A esto se añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de “estratégica” la reserva y poder intervenir en la composición del ING, incluyendo o removiendo un “glaciar o geoforma periglacial” según lo contemplen, incluyendo “una instancia de participación ciudadana”.

El texto ratifica a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para la recarga de cuencas y el abastecimiento de agua para consumo humano, producción agrícola, conservación de la biodiversidad, investigación científica y turismo. Además lo sujetan al artículo 41 de la Constitución Nacional, que promueve el uso racional de los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras.