Las entidades de defensa a los consumidores agrupadas en CUNRE denunciaron que a casi 6 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense se les impuso el pago adelantado de las facturas, a partir de un pedido de las empresas eléctricas habilitado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Según el cálculo de las entidades, el adelanto del pago se hará 50% a pagar en diciembre y 50% en enero, bajo el título de “ajuste de migración mensual” junto al monto total (del mes correspondiente) en las boletas. Este adicional podría generar ingresos extras para las empresas privatizadas Edenor y Edesur en más de 60 millones de dólares, justo cuando cierran los ejercicios contables del año 2025.
El ENRE había aprobado a comienzos de mes un cambio en la normativa de medición del consumo a pedido de las empresas. La resolución 730/25 dispone que la medición de los consumos pasará de ser bimestral a ser mensual.
Anteriormente, Mauricio Macri en 2016, con Aranguren de Ministro de Energía, había dividido en dos cuotas el pago del consumo de los meses, ya que con los tarifazos que habían aplicado se convertían impagables ese gasto de una vez. En los hechos, se terminó pagando mensualmente.
Ahora las lecturas o estimaciones se realizaran cada 30 días. Las distribuidoras acusaron en el pedido de cambio al ENRE que atienden muchos reclamos de clientes que se quejan por los consumos que se les facturan, porque no entienden que se trata de consumos de hace un par de meses. Si bien ahora deberían enviar inspectores a medir los consumos más seguido, dicen que se ahorrarán ese costo en atención al cliente.
Vale aclarar que a falta de inversión por medidores inteligentes, las lecturas siguen siendo presenciales o estimativas. Esto es, la empresa envía personal a relevar el medidor de cada domicilio o, cuando no lo hace, estima cuánto debió haber consumido en función de determinados parámetros, como la época del año y los consumos previos, generando reclamos de los usuarios que detectan la desigualdad del gasto en la boleta y en su medidor.
Reclamos por discrecionalidad
Las asociaciones de usuarios denunciaron que el reemplazo del sistema actual se realizó sin previa audiencia pública con consulta a usuarios y organismos. Según denuncian las entidades, existe un problema que mientras dure la transición en las boletas se acumulan dos cobros en una. “En dos meses se van a estar pagando los montos de tres facturas. En una se paga el monto total, más el 50 por ciento de la siguiente; y en la otra, el monto total sumado al otro 50 por ciento”, explicó Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).
Los usuarios se anoticiar estos días con los montos exorbitantes en sus boletas a falta de comunicación del ENRE o las distribuidoras. La ONG denuncia que “los usuarios no fueron informados y son obligados a pagar sumas correspondientes al próximo período de consumo, violando el derecho que todas las personas tienen a la debida información”.
Con el nuevo sistema, llegaron facturas con montos adicionales de entre 10.000 y 80.000 pesos. “Si tenemos en cuenta la cantidad de usuarios de ambas distribuidoras y le restamos los usuarios industriales que no se incluyen en la medida, tenemos un universo de casi 6 millones de usuarios a los cuales se les impone un pago adelantado de la factura. Tomando una cifra estimada de 15.000 pesos por usuario, el anticipo que percibirían las distribuidoras sería de 90 mil millones de pesos, equivalentes a 60,7 millones de dólares”, denunciaron desde Deuco.
Usuarios de @Edenor reciben las boletas con un plus significativo, bajo el concepto de AJUSTE MIGRACIÓN MENSUAL (?).
En concreto, un aumento del 50% en la facturación.— Alejandro Ramos (@AleRamosTN) November 19, 2025
Las concesionarias ocultaron los motivos por los cuales cobran dichos montos: “no lo hace en la factura y tampoco envió al usuario una nota previa a la emisión de la factura, explicando el cambio de régimen y cómo se aplicaría”, remarcó Deuco. En este punto, Bussetti sostiene que las asociaciones no están en contra de la facturación mensual sino en la forma en la que se decidió implementar el cobro: “Podría haberse prorrateado en cinco o seis meses en vez de en tres. Parece que desconocen el contexto de familias endeudadas para pagar las tarifas, con montos que antes de esta decisión ya ocupaban en algunos casos hasta el 30 o 40 por ciento de los ingresos”.
El cambio de régimen debió haberse puesto en consideración de los usuarios tal como dispone la Ley N° 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico Nacional) y el Decreto N° 1.172/2003. Toda modificación en las condiciones de prestación del servicio público debe someterse a consulta o audiencia pública, especialmente cuando afecta la relación contractual o los derechos económicos de los usuarios.
“La aplicación de la medida tiene una connotación muy beneficiosa financieramente para las distribuidoras y perjudicial económica y moralmente para los usuarios que, ante dificultades en el pago deberán concurrir a las distribuidoras a solicitar facilidades de pago, con la molestia que ello significa sobre todo si llegara a haber mucha afluencia de usuarios haciendo el mismo reclamo”, explicó la organización que defiende a los consumidores.
Aumentos y más beneficios
Edesur, controlada por Enel del estado italiano, dio a entender que ese alivio de caja le permitirá saldar deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). El Gobierno ya les había dado a las distribuidoras un plan de cómodas cuotas para saldar las deudas con Cammesa.
“Edesur señaló que el desfase temporal precedentemente mencionado ha generado, adicionalmente, una descompensación del flujo de recaudación de la distribuidora, respecto al cronograma de pago de energía a Cammesa”, se lee en la resolución del ENRE.
Las boletas además del recargo por el cambio del modelo llegaron con un aumento del 3,6% para los usuarios de Edenor y 3,53% para los de Edesur autorizado por el Gobierno.
Desde que asumió Milei se realizaron tarifazos que llegaron al 600%. Esto se vio reflejado en los balances de las compañías que festejaban el ajuste tarifario con ganancias exorbitantes.
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Privatización atada con alambre
Se aproxima el verano, la época de mayor consumo energético y las inversiones siguen sin realizarse. Ante esto, el Gobierno busca dar una salida llamativa: contratar el aporte de energía y potencia de respaldo a los grandes usuarios, mayormente industrias y shoppings, que dispongan de grupos electrógenos. El esquema prevé un mecanismo similar a una subasta: las empresas y centros comerciales podrán ofertar la capacidad disponible.
Los adjudicatarios recibirán un cargo fijo por mantener sus equipos a disposición y una remuneración variable por la energía que efectivamente inyecten al sistema, en los días y horarios que determine la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).
Pero a la falta de inversión el Gobierno respondió con más beneficios. En marzo, como parte de la Revisiones Quinquenales Tarifarias, el ENRE redujo sustancialmente las multas que deben pagar las empresas por incumplimientos. Las resoluciones 160 y 162 de 2025 licuaron las multas, al cambiar la metodología de cálculo. Así, las empresas pagarán un 40% de lo que pagaban por las mismas infracciones.
Por si fuera poco, el proyecto de Presupuesto 2026 incluye una compensación por $ 800.000 millones para Edenor y Edesur por los aumentos que no pudieron aplicar antes del cambio de Gobierno.
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