La jueza Julieta Makintach, que quedó envuelta en la polémica por la grabación de un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona que generó la suspensión del proceso, expuso que “no existió filmación prohibida” y pidió postergar la realización del jury que definirá su futuro. En ese contexto, el jurado se reúne este martes para evaluar si acepta las acusaciones en su contra.
En un escrito de casi 30 páginas, la magistrada sostuvo que supuestamente las decisiones en el debate se adoptaron de “manera conjunta” con sus colegas Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, titulares del Tribunal Oral Criminal (TOC) 2 de San Isidro. Además, su abogado defensor, Darío Saldaño, hizo foco en la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran, indicando que la situación habría dejado incompleto al jurado suplente.
La defensa de la jueza Makintach criticó su apartamiento preventivo: “Innecesario y desproporcionado”
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En su planteo, pidió separar del proceso a la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, por sospechas de presunta imparcialidad. Asimismo, el letrado insistió en que tras la salida de la legisladora de UCR Cambio Federal no se respetaron los plazos ni el procedimiento para seleccionar a un nuevo conjuez legislador.
Según la defensa, estas cuestiones generarían un “perjuicio irreparable” al causar una falta de igualdad procesal, al mismo tiempo en que considera que el juicio político sería “parcial” si no están incluidos Di Tomasso y Savarino, quienes terminaron definiendo la nulidad del primer debate oral por el caso del fallecimiento del exfutbolista por las sospechas en contra de Makintach.
Para la jueza investigada, la audiencia de este martes no debería llevarse a cabo. En esta jornada, el jurado de enjuiciamiento se reunirá en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, para analizar la admisibilidad de la acusación en su contra por la realización de la pieza audiovisual que iba a llevar el nombre de “Justicia Divina”.
Así, el jury decidirá si los cargos que pesan sobre Makintach son suficientes para llevarla a un eventual juicio político, que podría terminar en su destitución. Por lo pronto, se definió que sea apartada preventivamente, y en caso de que se confirme esta etapa, la renunció que presentó ya no podrá ser aceptada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y se le quitará el 40% de su sueldo.
Cabe señalar que de las ocho denuncias originales contra la aún titular del TOC 2 sanisidrense -en el caso Maradona fue subrogante del TOC 3-, cinco presentaron sus acusaciones.
Entre las que se discutirán en la audiencia de este martes, están la del Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, la del Colegio de Abogados de San Isidro, la de un grupo de legisladores bonaerenses, la de la Bicameral y la de Julio Coria, el custodio de Maradona que terminó preso por “falso testimonio”, lo que finalmente fue anulado.
El descargo de Julieta Makintach: “No hubo filmación prohibida”
La semana pasada, la jueza presentó un escrito de 30 páginas en las que expresó: “No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”.
De esta manera, apuntó contra Di Tomasso y Savarino al decir que supuestamente estaban al tanto de las filmaciones, algo que de lo que los habría mantenido al tanto con conversaciones “de modo diálogo presencial y vía chat de WhatsApp”.
Sobre la grabación del documental Justicia Divina, realizada por la productora LaDoble, sumó: “La presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado”.
En otro tramo de su descargo, Makintach sostuvo que solo aceptó la propuesta de una amiga de la infancia (María Lía Vidal) para “dar una entrevista previa al inicio del juicio, en el ámbito tribunalicio, un día inhábil, lo que no provoca afectación a su labor diaria judicial”. Por último, concluyó diciendo que no habría “posibilidad de considerar la existencia de mal desempeño, abuso de autoridad o violación de deberes funcionales.
FP/LT